Reformas y elección judicial están en un “punto muerto”

Ante el escaso tiempo restante para que las actuales autoridades del Órgano Judicial culminen su período de funciones, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, lamentó que en la actualidad, el proceso de Elecciones Judiciales, se encuentre en un “punto muerto” debido a la falta de interés en el Movimiento al Socialismo (MAS) para resolver la crisis institucional de la justicia boliviana.
En conferencia de prensa, Urquidi reiteró que el partido en función de gobierno no tiene interés en viabilizar verdaderas reformas en materia de justicia, por el contrario, prioriza su pugna interna y una agenda política partidaria para tratar de definir un candidato para los comicios del 2025.
“La agenda urgente e importante del país como las reformas en justicia y elecciones judiciales no les interesa”, dijo.
Para el asambleísta de oposición, el MAS saboteó sistemáticamente las elecciones judiciales en el tiempo que debieron realizarse, por lo que en la actualidad este proceso se encuentra en “un punto muerto”, estando a semanas de que los actuales magistrados deban culminar con el tiempo de su mandato constitucional.
En ese sentido, reiteró que las fuerzas de oposición no permitirán ningún tipo de prórroga inconstitucional.
“Aquí el tema de fondo es que el Movimiento al Socialismo y el gobierno de Arce, como ya sucedió en otros temas importantes y urgentes para el país, han saboteado cualquier posibilidad de construir consensos para garantizar los comicios judiciales”, sostuvo.
Urquidi lamentó que la crisis institucional por la que atraviesa el Órgano Judicial, tienda a agudizarse con el transcurrir del tiempo, responsabilizando por esta posibilidad al Gobierno nacional y al partido azul, al no haber demostrado interés en allanar el camino para garantizar reformas en materia de justicia, demostrado un preocupante desinterés en viabilizar los comicios judiciales y verdaderas reformas en este campo.
“Ellos han instrumentalizado a la justicia de la manera más perversa, para convertirla en lo que son ahora, una herramienta de persecución política y de vulneración de derechos”, concluyó.
Ayer, la abogada Kathia Saucedo señaló que, a través de recursos constitucionales, se pretende demorar aún más la realización de las elecciones judiciales, mismas que anteriormente fueron paralizadas como consecuencia de una consulta de constitucionalidad presentada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia al TCP.
La consulta de constitucionalidad fue presentada el 20 de septiembre, y observada por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional por el incumplimiento de uno de los requisitos de forma exigidos, vinculado a la personería jurídica del consultante (autorización de Sala Plena del TSJ).
A la fecha, se extrae de la web del TCP que el consultante en fecha 8 de noviembre habría presentado una solicitud de ampliación de consulta de constitucionalidad, aun sin admisión por el TCP.
Según el Código Procesal Constitucional, en su artículo 114, al establecer el procedimiento para la consulta de constitucionalidad, se prevé que “recibida la consulta, la Comisión de Admisión, verificará el cumplimiento de los requisitos, en el plazo de dos días, en su caso dispondrá se subsanen las mismas en el plazo de cinco días, enmendadas las observaciones, inmediatamente, procederá al sorteo de la Magistrada o Magistrado Relator. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá la Declaración Constitucional en el plazo máximo de treinta días a partir del sorteo”.
Igualmente, el artículo. 78 II 5 del Código Procesal Constitucional, establece que la sentencia emitida por el TCP declarará la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma legal impugnada que deberán ser referidos de forma expresa, en cuyo caso tendrán los mismos efectos que en lo principal.
El Vicepresidente del Estado, como Presidente de la ALP, que se constituye en el accionado como órgano que está en proceso de generar la norma, fue notificado con la presentación de la consulta de constitucionalidad. Ahora, al haberse presentado una ampliación de la consulta, para no violentar el debido proceso, se debería proceder a notificar para iniciar nuevamente el procedimiento.
“Esta solicitud de ampliación nos da señales inequívocas de que no se realizó un trabajo serio a momento de la presentación de la consulta de constitucionalidad y que casi dos meses después, se percata que el proyecto de ley tendría más problemas de inconstitucionalidad y un nuevo intento de generar mayor demora en la realización de las elecciones judiciales. Pareciera que el vacío de administración de justicia en sus niveles máximos, no sólo que ya es inevitable, sino que puede demorar mucho más de lo inicialmente previsto”, aseveró.