Sentenciados deben pagar $us 3 millones

Los ocho sentenciados por el caso misiles chinos deben pagar a favor del Estado $us 3.000.000 por haber entregado de manera irregular 36 misiles antiaéreos de fabricación china, propiedad de las Fuerzas Armadas, a la Embajada de Estados Unidos para que sean desactivados, en octubre de 2005.
“El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, con las correspondientes pruebas ante la autoridad jurisdiccional que, en pasadas horas, dio lectura a la parte resolutiva de la sentencia que declara probadas las demandas de reparación de daño en contra de los ocho sentenciados, quienes deberán realizar el pago de 3.005.280 dólares”, informó el jueves la fiscal superior, Patricia Bohorquez, en conferencia de prensa realizada en Chuquisaca.
Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el Juzgado de Sentencia No. 2 de la capital del Estado estableció que los ocho sentenciados por el caso misiles chinos, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, deben realizar esta reparación del daño a favor del Estado.
Ciro A. V. M., Marcelo E. A. R., Marco A. V. O., Víctor H. C. B., David R. T. V., Wilbert S. S., Gonzalo E. M. G. y Marco A. J. E., deben cumplir con este pago en el plazo de un mes computable a partir de la ejecutoria de la sentencia y en una sola cuota, detalló el fiscal superior, Gonzalo Aparicio.
Los ciudadanos que deben realizar este pago son: los oficiales Marcelo Antezana, Marco Antonio Vásquez, Víctor Hugo Cuellar Balcazar, Marco Antonio Justiniano, David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía, Wilbert Sánchez Sánchez y el exministro de Defensa Gonzalo Méndez.
Este caso, denominado misiles chinos, tiene su origen en la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue liberado del caso por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 2011. En enero de 2012, la ALP autorizó el juicio de responsabilidades contra las autoridades civiles y militares responsables de la entrega del armamento.
La reconstrucción de los hechos se realizó el 13 de febrero de 2014, en el gran cuartel de Miraflores. Allí se afirmó que solo existía la orden para que se llevaran los misiles antiaéreos HN-5A a un depósito militar norteamericano en la ciudad de El Alto para que sean desactivados, pero sin que sean sacados del país.