A seis meses de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitiera una resolución defensorial, sobre el exdirigente cocalero César Apaza, en la que recomienda a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a Régimen Penitenciario investigar las circunstancias de su aprehensión y las medidas para que acceda a atención médica, respectivamente, ambas instituciones incumplen dicha resolución, denunció la abogada Evelyn Cossío.
“La Defensoría del Pueblo sacó esta resolución donde establece que se cometió actos crueles, inhumanos, vejámenes y todo aquello contra Apaza (exdirigente de la Asociación Departamental e Productores de Coca, Adepcoca) y ha denunciado ante la Fiscalía. Hay un número de caso aperturado, pero la Fiscalía nunca ha investigado esta situación, lo han dejado ahí y nosotros mismos desconocemos ante qué fiscal se sortearía el caso”, declaró Cossío a ANF.
La jurista agregó que tampoco se citó al fiscal, Elmer Laura, por no haber atendido oportunamente la solicitud de atención médica a César Apaza, que así lo requirió al estar gravemente afectado de salud, luego de las torturas recibidas por la Policía el día de su aprehensión ilegal.
En mayo de esta gestión, el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, señaló que existe una obligación del Estado de iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, “cuando hay una alegación por parte de la víctima de haber sufrido tortura”.
Cossío remarcó que “nunca se ha convocado en este caso a la víctima, que es César Apaza. Jamás se lo ha convocado para que él haga conocer lo que realmente habría ocurrido”.
El exdirigente cocalero cumple detención preventiva que le impusieron el 23 de septiembre del 2022, acusado de 15 delitos, por liderar una marcha multitudinaria desde Chulumani hasta La Paz de cinco días, del 4 al 8 de septiembre de 2022, como presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca.
La protesta exigía el cierre del mercado paralelo de coca creado por el dirigente Arnold Alanes, que en ese entonces contaba con el apoyo explícito del gobierno de Luis Arce, pese a que esa nueva institución vulneraba la Ley de la Coca.
Un año después de las protestas de Adepcoca, la administración de Arce clausuró definitivamente el mercado paralelo con el argumento, expresado por su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de que es ilegal e incluso de que allí se encontró “coca choqueta” destinada al narcotráfico. Las dos decisiones más el reconocimiento de la propiedad intelectual del nombre de Adepcoca, de la zona Villa Fátima, le dieron la razón al movimiento yungueño y Apaza, señala un reportaje de ANF.
El caso de Apaza ha sido resonante porque desde su detención, la madrugada del 22 de septiembre del 2022, con el uso de la fuerza por parte de cinco agentes de Inteligencia de la Policía, hubo vulneraciones a sus derechos, a su integridad, salud y al debido proceso. Primero fue objeto de una golpiza durante su detención y luego un jefe policial lo forzó con lesiones e intimidación verbal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a firmar su orden de aprehensión, como denunció el dirigente cocalero.