Desde que comenzó el régimen de gobierno del MAS, en enero de 2006, comenzaron a proliferar discursos sobre defensa de la naturaleza, devoción a la pachamama, respeto a la madre tierra y otras lindezas, sin embargo, con el paso del tiempo esa retórica ha resultado demagógica y vulnerable frente a intereses económicos de sectores sociales afines al oficialismo y otros de índole empresarial.
Recordemos que, con la aprobación de varias normas, se dio curso a autorizaciones para chaqueos con fines agrícolas de un determinado número de hectáreas. También se determinó entregar tierras en el oriente a grupos que apoyaban al MAS, por lo que se procedió al traslado de varias familias con tal objetivo, con una especie de colonización, pero sin la debida planificación.
Sin embargo, la situación actual es de total descontrol porque observamos que de los chaqueos se ha pasado a incendios voraces de millones de hectáreas, en parques nacionales, afectando a Santa Cruz, Beni, norte de La Paz, Cochabamba y Tarija. En esas regiones se trata de habilitar terrenos hasta de coca excedentaria y lotear terrenos, extraer oro mediante “cooperativas” mineras, destruyendo para ello zonas ricas en agua, bosques y animales.
Lo peor es que, por ejemplo, fueron incendiadas miles de hectáreas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), por lo que la Iglesia católica denunció que con esa medida se trata de desalojar a pueblos indígenas. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) protestó porque el Gobierno restó importancia a incendios en Rurrenabaque, San Buenaventura y el Parque Nacional Madidi. En el norte de La Paz el fuego avanzó hasta zonas pobladas, con los consiguientes riesgos para la salud de sus habitantes.
Por ello los Colegios de Biólogos de Cochabamba y La Paz solicitaron la declaración inmediata de desastre nacional. En un pliego de demandas también exigieron la abrogación de todas las normas que ponen en riesgo a bosques, ríos, superficie y aire sanos. Piden auditorías a entidades nacionales encargadas de fiscalizar “nuestros recursos naturales”. A ese reclamo se sumaron ambientalistas que demandan enjuiciar a las autoridades del sector por incumplimiento de deberes y que se declare pausa ambiental para frenar la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola. Exigen la eliminación de privilegios impositivos para cooperativas mineras y una investigación profunda sobre sus actividades en desmedro de la Amazonia boliviana, así como revisión del actual modelo agropecuario-industrial, y respeto a normas sobre medio ambiente.
Lamentablemente, solo después de tan catastrófica situación ambiental, el gobierno anunció que pedirá ayuda internacional. Mientras tanto, poblaciones indígenas del norte paceño, de Beni y de Santa Cruz han sido impactadas por los voraces incendios forestales que han puesto en peligro sus territorios que les proporcionan alimentos, plantas para curación y agua.
Es, pues, urgente revisar todas las normas que permiten la indiscriminada quema de zonas forestales, reglas que han sido implantadas a raja tabla –sin pensar en sus consecuencias–, aunque favorezcan a sectores afines al MAS, como los interculturales o los cooperativistas mineros. Si no se quiere enfrentar aguda sequía en próximos años, por la despiadada deforestación, es deber de todos proteger los parques nacionales y otros lugares con abundante vegetación y agua.