Entre el 2019 y 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, emitió cuatro preposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez, con lo cual reconoció su condición de mandataria. Sin embargo, desde que Añez dejó la presidencia, a finales del 2020, la Fiscalía dio un giro de 180 grados y la acusación fue llevada a los juzgados ordinarios, manifestó el Foro de Abogados de Sucre.
En estos tres últimos años, las contradicciones del Ministerio Público en torno al procesamiento de la expresidenta Añez son motivo de cuestionamiento por el Foro de Abogados que ven un “manejo político” en este caso, reportó el matutino Correo del Sur.
Las cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades en contra de Añez y varias exautoridades de su gobierno, que fueron presentadas por el fiscal Lanchipa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), son por los siguientes casos: ‘Préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI)’, ‘Violación de la libertad de expresión en la cuarentena’, ‘Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile’ y, además, por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa.
En agosto de 2020, el fiscal Lanchipa presentó requerimientos acusatorios ante el TSJ en contra de Áñez por la presunta comisión de delitos en los hechos de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, y pidió a este tribunal tramitar la autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“(Se) presentó hoy (viernes 20 de agosto), ante el TSJ un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Añez, por tales hechos, calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, declaró Lanchipa en una conferencia de prensa.
El 26 de agosto del mismo año, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó que “se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal. Esto con el fin de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”.
Sin embargo, una excepción inhibitoria promovida por las víctimas de Senkata, patrocinadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) dependiente del Ministerio de Justicia, abrió el camino para que el 24 de enero de 2020, el juez de El Alto, Marco Amaru, se declarara competente para procesar a la exmandantaria por las muertes en Senkata pese a que el caso ya estaba en el TSJ. Casi paralelamente comisiones de la ALP, de mayoría oficialista, “allanaban el camino” para remitir los procesos a los jueces ordinarios.
Con esa decisión, Amaru pidió al TSJ que le remita todos los antecedentes del caso para avanzar con el juicio ordinario.
Antes que se presentaran acusaciones en el caso Senkata y Sacaba, la expresidenta ya estaba detenida preventivamente desde marzo de 2021, inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso denominado “golpe de Estado I” y luego se abrió el proceso “golpe de Estado II” por delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes.
En junio de 2022, el caso Golpe II llegó a juicio oral y el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dictó sentencia de 10 años de prisión en la cárcel Miraflores para Añez.
Desde la defensa de Añez, el abogado Luis Guillén sostiene que el anuncio de Lanchipa, de posibles procesos contra los jueces que declinaron competencia de procesar a Añez en la vía ordinaria, son expresiones de intromisión que amenazan la independencia judicial.
“Hay una amnesia selectiva por parte de Lanchipa al hacer pronunciamientos (para insistir en un juicio ordinario), después que emitió cuatro proposiciones acusatorias”, agregó Guillén y le recordó al fiscal general que fue él mismo que le tomó declaraciones a Añez en el penal Miraflores en los actos iniciales del juicio de responsabilidades.
Desde el Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), su presidente, Juan Pablo Cervantes, observa que algunos administradores de justicia se están “prestando para hacer procesos indebidos”.
“En este momento están primando más los criterios políticos que los jurídicos”, remarcó Cervantes y dijo que estos cambios de criterio no solo se dan en el Ministerio Público sino también en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que a través de un comunicado y enmarcado en la jurisprudencia avaló la sucesión presidencial de Añez, pero después se desdijo.