jueves, julio 4, 2024
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Oficialismo se une y aprueba reformulación del PGE 2023

A pesar de los cuestionamientos expresados por las fuerzas de oposición, una repentina unión entre las alas “evista” y “arcista” en el Movimiento al Socialismo (MAS), permitió la aprobación de las modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023, con modificaciones en las disposiciones adicionales.
En una sesión opacada por la presencia de autoridades de diferentes municipios, que ingresaron a graderías del hemiciclo para ejercer presión sobre los Asambleístas, además de algunos amagues de pelea entre parlamentarios, la respectiva votación concluyó con la aprobación del proyecto de ley tratado.
Tras la instalación de la cuarta sesión ordinaria de esta instancia legislativa, se aprobó una moción de “suficiente discusión” que permitió pasar directamente a la etapa de votación nominal, donde la mayoría del MAS, con el respaldo de algunos legisladores de oposición, lograron aprobar las modificaciones en cuestión.
El discurso reiterado tanto en oficialistas como en los opositores que apoyaron las modificaciones al PGE 2023, fue que nunca hubo un rechazo al Proyecto de Ley sino a las disposiciones adicionales, por su carácter persecutorio contra la población.
En el caso de los Senadores, de los 32 presentes, 22 votaron por la aprobación del Presupuesto General del Estado Reformulado y 10 dijeron no. Por su parte, una gran mayoría de la Cámara Baja también optó por la aprobación de la norma.
En la votación final, la formulación planteada al PGE 2023 obtuvo más de dos tercios de los votos, por lo que la norma fue sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación.
De forma previa a la sesión de ALP, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, había pedido retirar las disposiciones adicionales sexta y séptima del Proyecto de Ley, con la finalidad de viabilizar su aprobación. Ambos artículos hacían referencia al intercambio de información entre entidades financiera y la Unidad de Investigaciones Financieras, con la finalidad de evitar actos de corrupción.

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