Presupuesto con puntos de contrabando

En agosto pasado el gobierno del Estado Plurinacional presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto, el mismo que tuvo que esperar hasta noviembre por la atención de las cámaras de Diputados y Senadores. La solicitud del Órgano Ejecutivo, finalmente pasó a consideración de los asambleístas, con la esperanza de que sería aprobado de inmediato y así las actividades del gobierno puedan seguir su curso normalmente.
Sin embargo, después del atraso, el proyecto del presupuesto –documento contable que determina y prevé los ingresos y los gastos del Estado– encontró obstáculos en la Cámara Baja, donde con observaciones de fondo, fue aprobado y enseguida, pasado a la Cámara de Senadores, donde también se esperaba su aprobación acelerada, más aún porque el fin de año está cerca.
No obstante, el proyecto de presupuesto ya aprobado en Diputados fue observado de inmediato por la Cámara Alta, argumentando que el documento tenía siete aditamentos que no correspondían a este tipo de leyes y que ellos estaban destinados a fortalecer financieramente al Órgano Ejecutivo, además que había incongruencia en varios artículos, afectando a contribuyentes al erario público.
Quedó establecido que esos siete puntos habían sido incorporados al proyecto de ley a manera de contrabando, lo que, desde el punto de vista de esos legisladores, era inaceptable. En efecto, a su retorno a la Cámara de Diputados en cumplimiento de formalidades estatutarias, no fue aceptado y su consideración fue postergada, hecho que fue calificado como un “sabotaje desestabilizador” de parte del ala evista del MAS y la oposición, lo que impide el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, como el plan de industrialización, uno de los pilares del Ejecutivo para salir de la crisis interna.
Por todo lo mencionado, el presupuesto del Estado presentado por el Ejecutivo, que es defendido ardorosamente por el ala arcista, parece que todavía tendrá que pasar por escollos para su aprobación, ya que los senadores sostienen que no aceptarán los puntos adicionales de contrabando.
Y aunque los legisladores que rechazan el documento presupuestario argumentan que esas disposiciones agregadas no servirán para atender las demandas de mayor presupuesto de instituciones como municipios y universidades, los del sector oficialista no quieren dar su brazo a torcer. Mientras tanto, organizaciones afines al régimen de turno, como la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia (Csutcb) otorgó plazo de 72 horas a los parlamentarios para la aprobación del Presupuesto General del Estado, anunciando medidas de presión, como la toma de la Asamblea Legislativa.
Mientras se esperaba una nueva sesión parlamentaria para volver a tratar el tema, se advierte cada vez mayor debilidad institucional, ya que continúan proliferando las amenazas para conseguir aprobaciones mediante la violencia, lo que contradice que vivamos en democracia.