El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, fueron sentenciados a ocho años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el caso de la paralización de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo, durante la gestión de la expresidenta, Jeanine Añez.
La sentencia condenatoria fue emitida el 22 de noviembre por el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del municipio de Ivirgazama, Cochabamba, y señala que las dos exautoridades y cuatro exfuncionarios son autores de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro del caso de paralización de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo, en 2020.
“Durante la audiencia que se desarrolló, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes en contra de los acusados. Entre ellos la pericia en auditoría forense, así como pruebas testificales, entre otras que generaron convicción en la autoridad judicial que determinó la sentencia condenatoria en contra de los autores del delito”, explicó el miércoles la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales.
Por este caso, Zamora y Soliz deben cumplir una pena de ocho años de prisión en el penal de Chonchocoro de La Paz. Mientras, el exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Jorge R. B. C., el exgerente de Industrialización de YPFB, Oscar A. B. H., el exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea PAU, Carlos M. S. V. G. también están sentenciados a ocho años que deberán cumplir en el penal de El Abra. El excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea, Ivert F. O. S. debe cumplir la pena privativa de libertad de cinco años y cuatro meses en El Abra, detalló el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos.
“La determinación arbitraria sin la debida justificación técnica y legal, (generó) un daño económico millonario para el Estado de 272,64 millones de bolivianos, solo en mantenimiento y preservación 8.677.632 dólares americanos, costo de reinicio de operaciones y 1.487.959,19 bolivianos, en la adquisición de repuestos para el reinicio de las operaciones”, explicó el fiscal anticorrupción de Cochabamba, Emeterio Ortega.
Por su parte, el abogado del Ministerio de Hidrocarburos, David Talamas, enfatizó que la paralización de la planta dañó las turbinas y eso ocasionó una pérdida al Estado de 400 millones de dólares.
La sentencia íntegra de este caso será leída el 27 de noviembre a las 08.30 en el Juzgado de Sentencia Penal Nº 2 de la Localidad de Ivirgarzama, Cochabamba.