Marcelo Valero Alanes
En estas últimas semanas hemos sentido en la ciudad smog, un neologismo que proviene del inglés smoke (humo) y fog (niebla) acuñado durante el arranque de la era industrial en Inglaterra, que ocasionó este fenómeno atmosférico por la combinación de contaminación por la industrialización basada en carbón y la característica de su clima neblinoso. Aquí la aparición de smog significa que el pueblo boliviano ha dejado de controlar su territorio, sus recursos y sufre daño medioambiental, pero sin siquiera los beneficios de una gran industrialización que vaya más allá de proveer materias primas a las potencias.
Ahora tenemos smog, pero no por la actividad de nuevas industrias que empleen miles de trabajadores, sino por la quema de tierras para habilitarlas para nuevos campos de coca o explotación minera que destruyen y deforestan las áreas con mayor biodiversidad del planeta. Esta devastación es desproporcionada con relación a los beneficios que no llegan a todos o escasamente (con la minería) al gobierno central, además se rompe el principio de igualdad, en este caso tributario, ya que todo emprendedor en Bolivia debe pagar un IVA de 13%, mientras que para la minería cooperativizada es cero y ocasiona daños a la salud y al ecosistema.
Es más, la participación de toda la minería en el PIB de 2022 fue de solo 8,48%, pero exigen un tratamiento como si fuera de 50% o más, incluso si así fuera, no podrían perjudicar los derechos colectivos, como el acceso universal a agua limpia. El comercio de oro como “valor de las exportaciones” fue de $US MM 3.007,9 (según el Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022), pero dejan en regalías (ellos no pagan IVA) solo $US 70 millones para el gasto público. Sumado a esto, los mineros actúan como un grupo de milicianos o para militares cuando 8.000 secuestran una ciudad de más de un millón de habitantes armados con dinamita, para calcular a cuál grupo de poder apoyar, según quien les dé mejores “encomiendas y mitas” (usando la terminología del Siglo XVI) en el Estado neocolonial rentista.
Su poco aporte a la economía nacional no se compara al rubro de construcción, servicios o la agricultura familiar que surte los mercados y es posibilitada por pequeños emprendedores, en su mayoría mujeres, que mueven (datos a julio de 2023 de ASOFIN) una cartera en el microcrédito de $US 5.000 MM, que es casi el doble de todo el movimiento de la minería del oro. En pro de la igualdad, estas emprendedoras tendrían que tener las mismas preferencias tributarias y arancelarias junto a otros sectores productores que enriquecen nuestra vida con productos orgánicos como el excelente café gourmet que degustamos, cuyos ingresos limpios dependen de condiciones muy específicas y únicas de cultivo en un entorno protegido.
Claro, las humildes mujeres que impulsan la microeconomía no están armadas de dinamitas, sino que cada día es una lucha por sostener a sus familias y no por financiar campañas para la corrupta política extractivista que está ocasionando un genocidio de las etnias de tierras bajas, ya que mantener vivos a los pueblos de la amazonia no significa ganancia para el gobierno, mientras el imperialismo chino y la mafia colombiana operan en la impunidad en nuestros ríos, llenándolos de mercurio.
Lo ideal sería anular todos los decretos que favorecen la quema de bosques y declarar fuera de la ley toda actividad minera, para potenciar actividades productivas eco sostenibles. Claro, dirán ¿y el impacto en toda la gente que esta empleada en la minería? El país necesitará un inmenso ejército verde para reforestar y reparar el daño de la actividad minera, con capacitación similar a los comandos del ejército y la policía, que puedan convalidar ese aprendizaje y experiencia como estudios y servicio militar – civil. Toda la maquinaria expropiada tendría que ser usada para reparar el daño que puede ser cuantificado y que, de seguro, excedería el valor de todos los activos de la industria minera, pues la Madre Tierra, como nuevo sujeto de derecho en la legislación boliviana, ante estas agresiones debe ser defendida con armas, frente a organizaciones criminales también armadas.
Si bien la tradición histórica del país ha sido el de un país minero, es tiempo de retomar las tecnologías de las grandes culturas hídricas que modelaron el lago Titicaca con su actual forma de felino (Titi) y diseñaron las lagunas geométricas gigantes de Beni. Esas civilizaciones emplearon su ingenio no en ostentar el oro sino en posibilitar las condiciones de vida, remodelando a escala gigantesca el medio ambiente, pero no para devastarlo sino para conservar su recurso más importante: el agua. Al mismo tiempo, se debe reorientar la generación de la riqueza pública, no depender de la explotación despiadada y avanzar hacia un país basado en una economía verde que devuelva el poder al pueblo, pues él es la fuente de legitimación del poder y no los grupos corporativos que con oportunismo se han enquistado en la política y economía nacional.