Más de un centenar de personas e instituciones de la sociedad civil conformaron el colectivo Comunidad del Agua que, como primera acción, emitió un manifiesto que contiene siete propuestas, una de ellas pide garantías que eviten la violación de los derechos del agua, es decir que el Gobierno desaloje toda actividad minera que contamine los afluentes de agua y frene los impactos de la expansión agrícola.
“Somos un grupo de organizaciones, instituciones y personas que preocupados por la ausencia que tenemos de respuestas de parte del Gobierno, de soluciones integrales, hemos decidido organizarnos para proponer nosotros una agenda al Gobierno a nuestros gobiernos locales también, para garantizar la gestión integral del recurso hídrico, su protección, su conservación y pensando en el ciclo hídrico, la protección de los bosques, de nuestras áreas protegidas”, señaló Cecilia Chacón, integrante del colectivo.
Las siete propuestas son: Soluciones estructurales y multidimensionales para restablecer el ciclo del agua; Presupuesto transparente y suficiente para el agua y la naturaleza; Gestión territorial del agua; Una ley del ciclo del agua; Garantías que eviten la violación de los derechos del agua; Iniciativas ciudadanas del agua; y La ética y la comunidad del agua.
El colectivo, en su primer punto, pide en su manifiesto soluciones estructurales y multidimensionales “ya no paliativas” para restablecer el ciclo del agua y no se limiten a la perforación de pozos, construcción de represas y provisión de carros cisterna.
El segundo punto, sugiere al Gobierno incrementar el presupuesto para el agua y la naturaleza, ya que en el Presupuesto General del Estado (PGE) de este año se destinó menos el 1% de todo presupuesto consolidado para agua potable, recursos hídricos y riego, biodiversidad, bosques y tierras, saneamiento básico y otros. La inversión pública en el sector de recursos hídricos, saneamiento básico y medio ambiente es de solo 1.4% de la inversión pública total.
Asimismo, según Pablo Solón, un miembro de la comunidad, también se plantea crear la Ley del Ciclo del Agua para preservar los recursos hídricos en el territorio nacional y pidió al Gobierno transparentar el presupuesto del líquido elemento en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 para su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“El Gobierno, en el marco de la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales, principalmente el Acuerdo de Escazú, debe responder de manera clara, completa, veraz y oportuna a las solicitudes de información, sobre los créditos recibidos por el Estado para atender la problemática del agua y los impactos que estos recursos han generado. Necesitamos transparencia y un incremento sustantivo del presupuesto del Estado para la dotación de agua, saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, y para el cuidado del medio ambiente en su conjunto”, señala parte del documento.
El tercer punto: Gestión territorial del agua, hace referencia a que en todos los municipios, territorios y cuencas se debe identificar, monitorear, preservar y adoptar medidas que restablezcan las fuentes de agua y los suelos.
Otra de las medidas, la cuarta, se refiere a la abrogación de la Ley del Agua “obsoleta” de 1906 y de otras leyes que favorecen al extractivismo minero, hidrocarburífero, agropecuario, el avasallamiento de tierras y la construcción de infraestructuras que van en detrimento del agua. Esas normas deberán ser reemplazadas por una Ley del Ciclo del Agua que se sobreponga a todas las leyes sectoriales.
El quinto punto exige “garantías que eviten la violación de los derechos del agua. Los derechos de la Madre Tierra tienen que dejar de ser un discurso. Los ríos, lagos, lagunas, bofedales, humedales, curichis, glaciares, acuíferos y los diferentes ecosistemas en general tienen derecho a existir libres de contaminación, a no ser alterados ni obstruidos en su ciclo vital”.
El sexto. Iniciativas ciudadanas del agua, donde sea imprescindible promover acciones y prácticas de conservación, protección y uso equitativo y responsable del agua a escala familiar y comunal. Además de implementar programas y actividades de educación ambiental a todos los niveles, empezando por las altas autoridades, parlamentarios, jueces y fiscales.
Finalmente, el siete: La ética y la comunidad del agua, se refiere a que se debe reconocer que convivimos con la naturaleza, debemos cuidar el ecosistema. “El agua no es un bien, no es un recurso, y menos una mercancía. El agua nos convoca a recuperar nuestra humanidad, nuestra solidaridad y a abrazarnos en una gran comunidad de seres humanos y no humanos que forman parte de la naturaleza”.
Pie de foto: Crédito: RRSS