Expresidente peruano Alberto Fujimori no será liberado

El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, no ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional que restablece el indulto a favor de Alberto Fujimori y ordenó la devolución del expediente al máximo intérprete de la carta magna.
Tras recibir el expediente de más de 900 folios por parte del TC, el magistrado de primera instancia indicó que no tiene competencia para ejecutar la sentencia debido a que la demanda de hábeas corpus no fue declarada fundada por su juzgado.
Además, a diferencia de los magistrados del TC, el juez Fernando Fernández reconoce que existe «escenario jurídico sobreviniente» en referencia a la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado peruano abstenerse de aplicar el indulto que otorgó PPK, en la víspera de Navidad el 2017.
La CIDH requirió al Estado peruano un informe sobre el cumplimiento de la resolución de abril de 2022, que bloqueó la liberación del exdictador. El Gobierno tiene plazo hasta el 6 de diciembre para presentar el documento.
DESACATO
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, asegura que las sentencias del TC tienen prevalencia sobre las resoluciones de la CIDH, pese a que el Estado peruano reconoce la competencia contenciosa del tribunal supranacional.
«En este caso, la que tiene prevalencia es la sentencia del TC. Las decisiones de la Corte Suprema (IDH) y su jurisprudencia las valoramos mucho, pero nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto. En todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión (de la CIDH). Depende ya de las autoridades penitenciarias de proceder con la excarcelación», indicó Morales Saravia.
En tanto, el exagente del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Adrián Simons, aseveró que las resoluciones de la CIDH sí son de obligatorio cumplimiento y recordó que la orden de no aplicar el indulto sigue vigente.
La OCMA solicitó a la JNJ, la destitución del magistrado por haber ordenado la liberación de un miembro de la organización criminal “La Sagrada Casta de Ica”. (Infobae)