Se entiende por recursos, en economía, a los medios económico financieros con que cuenta el Estado o una entidad. Si es el Estado, estos son considerados públicos. Los ingresos públicos están compuestos por los impuestos que pagan los contribuyentes, sean directos o indirectos; los que ingresan al Tesoro Público por la venta de bienes o materias primas; las donaciones, créditos externos y todo bien-valor que tenga como destino las arcas estatales.
Los bienes y valores que son incautados por las autoridades judiciales y policiales, son también bienes públicos, y deben ser ingresados en los registros correspondientes de bienes del Estado. Y no como sucede en nuestro país, donde desparecen o son apropiados por autoridades corruptas, en especial cuando se trata de cantidades de dinero, que desaparecen en buena parte o todo. Al respecto, los casos son muchos, como ejemplo nos preguntamos: ¿dónde están los fajos de dinero que portaban individuos en mochilas llenas, durante los conflictos de 2019 en El Alto, que fueron incautados?
Bienes inmuebles y muebles que son incautados y luego abandonados, como hoteles, casas y vehículos que desaparecen en Dircabi o son puestos para uso de políticos del oficialismo, como hemos visto en las redes sociales, donde éstos escogen los vehículos que les serán entregados, pues en el gobierno de Morales Aima, se emitió una resolución que disponía que los bienes incautados de contrabando son administrados a libre albedrío por el Ministerio de la Presidencia.
Todos los recursos que no son privados, deben ingresar al Tesoro Público, porque son de todos los bolivianos y su administración debe ser cuidadosa y no de disposición antojadiza para entregar a los afines al régimen. Las normas de administración y control fiscal, determinan que todos los recursos públicos disponibles, deben ser presupuestados, ejecutados y fiscalizados (auditados), pero como hace más de una década no funciona la Contraloría del Estado, el resultado es la mala administración de los bienes públicos. Es necesaria una norma específica parta precautelar estos bienes.
En el gobierno de Evo Morales y en el actual, han sido entregados a organizaciones sociales afines al régimen, bienes muebles e inmuebles, para mantener su adhesión al gobierno, bienes que estaban en posesión del gobierno y en consecuencia públicos, lo que importa una grave violación de las normas sobre administración fiscal. Lo que sucede es que los gobernantes, que son administradores temporales del patrimonio de todos los habitantes, disponen de estos bienes, como si fueran de libre disponibilidad, sin que las instancias llamadas por ley pongan freno a estos excesos.
En el largo gobierno de Evo Morales, muchos recursos financieros especialmente de donación, no fueron ingresados al Tesoro Público, y se manejaron discrecional y directamente desde las oficinas de la Presidencia del Estado, en especial en actividades político-partidarias. No se ha cuantificado el monto de los recursos dispuestos. Una ex parlamentaria venezolana denunció que Chávez Frías habría entregado al gobierno de Morales Aima, varios miles de millones de dólares (señaló 5.000 millones), que nos parece una suma exagerada.
La administración del Estado, debe priorizar el destino de recursos para atender necesidades fundamentales y básicas de la población, como es la salud, ya que en nuestro país el acceso a la misma es difícil y a veces imposible; a la educación, pues de un buen nivel educativo, depende el futuro inmediato de la sociedad, y a otros fines importantes, para que el desarrollo humano de los habitantes sea aceptable y, consiguientemente, una buena calidad de vida, que en estos tiempos es limitada, con altos niveles de desempleo, pobreza e incertidumbre. Todo apuntado al bien de todos (bien común), que es la principal finalidad del Estado y no sólo de los partidarios del régimen, pues el gobierno es el gobierno del Estado y todos los habitantes, oficialistas y opositores, somos la población del Estado.
Ya el gran Franz Tamayo dijo: “A título de mayoría, el partido de gobierno comienza a devorar a la Nación, para acabar a su turno devorado por su jefe, el hombre de acción… ello es posible solamente gracias a que el patrimonio de todos, que es el poder y el dinero público, es puesto al servicio de la criminal empresa” (Del artículo de prensa “Hombres de Acción”).
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.