Amnistía denuncia que El Salvador está en una de sus peores crisis

Amnistía Internacional denunció que las políticas y leyes aplicadas en El Salvador para combatir la inseguridad, enmarcadas bajo el paraguas de un estado de excepción, llevó al país a una de sus peores crisis en materia de Derechos Humanos desde el fin de la guerra civil.
Aseveraciones de la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, que resume las conclusiones del informe ‘Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador’, para calificar de “sumamente preocupante” el retroceso vivido en los últimos años en El Salvador.
“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”, señaló Piquer en un comunicado.
La organización realizó tres misiones de investigación y 83 entrevistas para documentar la otra cara del estado de excepción aplicado en El Salvador y constatar que al enfoque represivo en materia de seguridad, que derivó en detenciones arbitrarias.
Hasta el pasado mes de octubre, las organizaciones locales tenían registradas más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y aproximadamente 102.000 personas encarceladas, con una situación de hacinamiento del sistema penitenciario que supera el 230 por ciento. Más de 190 reclusos murieron bajo custodia, añaden.
Todo ello bajo la coordinación de un Gobierno que, según Amnistía, tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos. La organización instó a las autoridades salvadoreñas a poner fin a estas prácticas y emprender investigaciones para depurar responsabilidades, así como a acometer reformas que garanticen la plena separación de poderes y los derechos y libertades básicos.
A la comunidad internacional, le solicitó que se mantenga firme para hacer frente a los posibles retrocesos de Derechos Humanos en El Salvador, de tal manera que el país centroamericano acate las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas. (Europa Press)