Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez
Entre el 1 de enero al 9 de octubre, la Fiscalía reportó 67 casos de feminicidios y 36.422 mujeres víctimas de violencia en el país. Este dato es más impactante cuando se visualiza que los casos atendidos en el ámbito rural, suelen ser más crueles.
Por tradición las comunidades, tanto del sector aymara como quechua, suelen tener entre sus costumbres organizarse para hacer demandas a los gobiernos local, departamental o nacional, desde servicios básicos, atenciones en salud, mejoramiento productivo, entre otros. Pero, lastimosamente, la violencia en el interior de las familias o los riesgos de feminicidios, aún siguen siendo vistos como problemas aislados de la comunidad o como una situación de pareja, pese a que la principal consecuencia es dejar en abandono a los hijos e hijas que nacieron en la comunidad.
Las víctimas de la violencia familiar, llegan a ser atendidas en centros de salud, hospitales de primer y segundo nivel, incluso por especialistas. Ellas llegan con una serie de evidencias de haber sufrido maltrato durante años. Muestran desde hematomas, fracturas, heridas con arma blanca, rotura de cabeza, quemaduras de primer y tercer grado y hasta desprendimiento de piel por mordedura de sus agresores, es decir, esposos, concubinos, enamorados, entre otros, quienes incurrieron en actos de violencia sin medir las consecuencias.
En muchos casos las víctimas suelen aislarse, incluso de sus familiares más cercanos, por miedo, vergüenza o por temor a mayores hechos de violencia de sus agresores. Ellas junto con otras mujeres acuden a las reuniones de padres de familia en las escuelas o a las reuniones de acción comunal. En las comunidades hablan de diferentes aspectos, las demandas suelen ser planificadas por la comunidad, pero allí se invisibiliza la violencia. Aquella que surge en la etapa de enamoramiento o en el primer año de matrimonio o después de la llegada de los primeros hijos. Esa violencia se oculta entre las paredes, detrás de la puerta o en los rincones de la casa.
Si bien los organismos de investigación, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia o la Policía Rural y Fronteriza, suelen intervenir para dar con los responsables de feminicidios, eso muestra que no existe política de prevención en el interior de las comunidades, con la finalidad de prevenir la violencia y, sobre todo, la muerte de mujeres.
Si bien el malestar y las protestas en contra de los feminicidas suelen surgir cada vez que los casos logran conmover a la población, estas muestras de reproche y denuncia en contra de la violencia hacia las mujeres, solo figuran en las estadísticas de los casos, no influyen en los procesos de investigación, y muy pocas veces para la tarea de prevención, que puede ser asumida por las instancias más próximas a las familias víctimas de violencia, como son sus propias comunidades, sus autoridades locales. Y en el ámbito urbano, las juntas vecinales, los municipios, entre otros, son instancias que administran los factores físicos de desarrollo, pero también los aspectos humanos y de protección a las familias.
La desintegración de los núcleos familiares si bien puede presentarse por factores económicos o de pobreza, la violencia se convierte en uno de los principales factores que desunen a las familias bolivianas, sobre todo en el ámbito rural.