El Presupuesto General del Estado Plurinacional para el siguiente año ha tenido un crecimiento abrupto, superando en un porcentaje mayor a los 8 puntos con relación al del año que termina. Su aprobación ha seguido un curso anormal y duró más de cuatro meses, primero por la lentitud en su tratamiento en la Asamblea Legislativa y, segundo, porque el proyecto aprobado por la Cámara Baja encontró oposición en la Cámara Alta, debido a la observación sobre que tenía otras características a las tradicionales y siete aditamentos que eran de “contrabando” para introducir modificaciones.
El PGE determina y prevé el conjunto de gastos y de los ingresos del Estado. Es adoptado por ley y requiere la discusión y aprobación del Parlamento, definición que explicaría los motivos por los cuales en ese documento correspondiente a 2024 se ha registrado un aumento de aproximadamente 3.000 millones de dólares, notable crecimiento con relación al presente año. Es decir que la nueva medida revela que el Estado ha proyectado un mayor presupuesto para sobrevivir en medio de crecientes dificultades y atender obligaciones como subvenciones, pago de sueldos y salarios para más de 500 mil empleados públicos, las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otros.
Algo notable del Presupuesto General para 2024 es el aumento de casi Bs 10.000 millones para subvencionar alimentos e hidrocarburos. Sin embargo, ese aumento tiene significado particular con relación a la alimentación del pueblo, ante la presencia de una sequía pertinaz que causó el derrumbe de la producción agropecuaria. Además, las autoridades tuvieron que hacer la vista gorda ante el contrabando de productos alimenticios de Perú, Argentina y Chile, entre otros, sin los cuales el país estaría en una situación próxima al hambre masivo.
En cuanto a la importación de gasolina y diésel, la situación no podría ser menos angustiosa, más aún cuando crece el parque automotor, por el ingreso constante de gran cantidad de autos “chutos”, sector al que se han ido a refugiar muchos de los que ha perdido sus empleos y no encuentran otros. Además, no se ha podido frenar el contrabando de combustibles subvencionados, que son destinados a actividades como la minería ilegal o son llevados a países vecinos para ser vendidos con mayores precios. El problema de la importación de combustibles es aún más alarmante, en momentos en que el país ha dejado de disponer de suficientes dólares para hacer importaciones.
Finalmente, sería de esperar que el Ministerio de Economía explique esos y otros interrogantes que se hace la opinión pública, particularmente sobre si es sostenible la subvención a hidrocarburos sin hacer discriminación, por ejemplo, entre los sectores verdaderamente productivos y otros dedicados hasta a actividades ilegales, inclusive en áreas protegidas.
Crecimiento abrupto del Presupuesto General
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