El 2017, el implacable juez Sergio Moro condenó al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de la constructora OAS. Fue ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro cerca de un año y medio, cargo al que renunció por “interferencias políticas”. Elegido como senador el 2022, Moro llegará al país el próximo año con una comisión de senadores brasileños para verificar los “indicios de que el país tiene presos políticos”, hecho que provocaría la suspensión de Bolivia como Estado parte del Mercosur, tal como le ocurrió a Venezuela el 2017.
NEGATIVA AL INGRESO DE BOLIVIA AL MERCOSUR
El 23 de noviembre, la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE) del Senado de Brasil decidió por unanimidad aprobar el proyecto de ley para que Bolivia pueda ser un miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur). Sin embargo, en el debate previo, Moro junto a otros senadores no quisieron aprobar el proyecto y solicitaron postergarla hasta que se restablezca la “democracia plena” en el país con la liberación de las personas consideradas presas políticas.
“Tenemos información de que hay presos políticos en Bolivia. Por ejemplo, la expresidenta Jeanine Añez que asumió cuando Evo Morales huyó de Bolivia y nadie quería asumir. Luego, ella convocó a elecciones libres y entregó el poder al adversario político de ella, Luis Arce, y enseguida fue presa. Añez está dos años presa y es reconocida como presa política por el Parlamento Europeo, por el Departamento de Estado Norteamericano y por el grupo Libertad y Democracia”, dijo Moro hace dos semanas en TV Senado de Brasil.
Al finalizar el debate, Los senadores por fin aprobaron el proyecto, luego de que el vicepresidente de la CRE, Cid Gomes, sugiriera la creación de una comisión de senadores para que verifique “in situ” la situación de los presos.
El exjuez complementó que tienen información y datos que permiten identificar tanto a Añez como al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como presos políticos.
Para ser aceptada como un miembro pleno, Bolivia necesita la aprobación de los parlamentos de los integrantes que son: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. A la fecha, el Estado Plurinacional solo es un país asociado, al igual que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Suriname.
LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur es un acuerdo que tiene el propósito de proteger y preservar la democracia dentro de los países miembros del Mercosur.
Este protocolo establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas es una condición esencial para la existencia y el funcionamiento del Mercosur.
“La cláusula democrática exige que los miembros do Mercosur preserven la democracia, lo que es inconsistente con la sospecha de que el país (Bolivia) tiene presos políticos. Necesitamos reflexionar mejor sobre la situación de la libertad y de la democracia en América Latina”, escribió Moro en sus redes sociales.
Tres de los principales aspectos del Protocolo de Ushuaia son:
El Compromiso Democrático: en el que los países firmantes se comprometen a defender y preservar la democracia como un valor fundamental en el Mercosur.
La Prevención y Acciones ante Rupturas Democráticas: en el que se establece la posibilidad de realizar consultas entre los Estados miembros y tomar acciones conjuntas si se identifican situaciones que amenacen la democracia en uno de los países del Mercosur.
Y por último, la Suspensión de Derechos: en casos extremos, si se produce una ruptura del orden democrático en alguno de los países miembros, se establece la posibilidad de suspender temporalmente los derechos de ese país dentro del Mercosur, incluyendo el derecho de participar en las instancias del bloque.
EL ANTECEDENTE EN VENEZUELA
El 2017, los cancilleres del Mercosur constataron la ruptura del orden democrático por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que incluye la existencia de presos políticos, por lo que decidieron suspender indefinidamente a Venezuela de su condición como Estado miembro del Mercosur.
“Brasil no es la policía del mundo y no debe mantener la democracia y los derechos humanos de otros países. Pero cuando nos referimos a América Latina la situación es diferentes (porque) aquí tenemos una gran responsabilidad y el Protocolo de Ushuaia se refiere exactamente a eso: que es imposible que nosotros admitamos en el Mercosur a países que tienen problemas democráticos. Es inconsistente con la vigencia plena de los países democráticos, que es inclusive la expresión utilizada en el Protocolo de Ushuaia, la existencia de presos políticos en un país”, enfatizó Moro.