Vivimos tiempos en los que los gobernantes conspiran contra el Estado, conspiran contra el bien común, usan la mentira constantemente, una mentira tapa a la otra. El Gobierno es deshonesto porque cuando el presidente dice que no se permitirá cualquier tipo de actividades al margen de la ley, vengan de donde vengan, es falso, porque en el caso “tierras” ellos están parcializados con los denominados interculturales, a quienes les permiten hacer lo que quieran con la tierra, como ocuparlas, negociarlas y devastarlas.
En relación con el enfrentamiento en Pailitas, con amenazas a periodistas, amenazas de muerte a empresarios y la planificación de acciones con armas, es evidente que están actuando al margen de la ley, en la comisión de un concurso de delitos establecidos en el CP, como, organización criminal (Art. 132 bis), asociación delictuosa, (Art. 132 ter), tenencia de armas (Art. 141 bis), y alzamiento armado contra la seguridad del Estado (Art. 121).
En este caso el delito se consuma con el hecho de pertenecer a un grupo armado, aun sin haberse producido un solo disparo, ya que no todos usaron las armas. De cualquier manera, el delito se consuma antes de producir resultado alguno, contrariamente a lo expresado por el Jefe Policial Departamental, quien habría manifestado que luego de haber dialogado con los campesinos interculturales de San Julián, el dirigente hizo amenazas por el calor del momento, por rabia al tener a un miembro de su organización fallecido, tomando esta versión como verdadera.
Al respecto, el diálogo con organizaciones criminales no procede, sino la aplicación de la ley y, de ser necesario, en momentos de confrontación, se emplea equipos de negociadores para condicionar su entrega a las autoridades y procesarlos, no para favorecerlos.
Por su parte, el Ministerio Público inicia las investigaciones de forma tímida, al calificar el delito como “Instigación pública a delinquir”, obviando otros delitos más graves, favoreciéndolos de manera abierta. Queda claro que, las organizaciones criminales que planifican acciones con armas, se camuflan como “interculturales” y el delito de avasallamiento y tráfico de tierras lo camuflan como la “Segunda Revolución Agraria”, para cometer impunemente sus delitos y hacer creer que son reivindicaciones sociales.
El presidente del Estado debe prohibir la creación de asociaciones que tengan por premisa delinquir, y a las que ya existen las debe desarticular, porque por encima de sus intereses políticos y ambiciones económicas, está el conjunto de ciudadanos del país que viven de su trabajo con sacrificio y honestidad. Además, debe priorizar los Objetivos de Estado, como la soberanía nacional, la paz y el bien común, lo contrario permitirá que siga creciendo el poder de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al contrabando, al avasallamiento, tráfico de tierras, minerales y otros, provocando en corto plazo que los bolivianos vivan en absoluta miseria; azotando en primera instancia a la clase humilde y campesina, profundizando más las asimetrías y desigualdades en la sociedad que quiere vivir libre y con dignidad.
El autor es Cnel. (SP) abogado, docente universitario.