Magistrados reelegidos en medio de crisis judicial

Uno de los fallos más cuestionados de la historia del Órgano Judicial de Bolivia es el dictado recientemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por el cual, en forma contraria a la Constitución Política, determina prorrogar el mandato de magistrados elegidos por el voto popular.
Recordemos que hace algunos años, el principio en sentido de que el presidente del país no podía ser reelegido después de un segundo mandato, fue desconocido por ese tribunal, que falló en sentido contrario, violando así la Carta Magna y, además, provocó la insurrección popular de noviembre de 2019, que expulsó del poder a Evo Morales y Álvaro García Limera.
En esa forma, ahora dicho tribunal, –considerado por algunos políticos como un súper poder– cometió una segunda violación a la Constitución Política, lo que permite considerar que esa “ley de leyes”, que solo debería ser reformada por una Asamblea Constituyente, puede ser alterada fácilmente, causando un trastorno general para el régimen vigente.
Otro aspecto de este desorden sustancial en el país, es que las tiendas opositoras propongan que los magistrados que dictaron la medida prorroguista, sean sometidos a juicio de responsabilidades, sin tener en cuenta que lo que proponen es que los juzgados, como culpables, sean procesados por ellos mismos, es decir que asumirían papel de ser jueces y parte. Tal procedimiento podría convertirse en fuente de nuevos problemas, como es de suponer y podría conducir a un callejón sin salida, a un conflicto igual o peor que el del año 2019.
La crisis política que causó este estado de cosas se originó, en todo caso, en la misma Constitución Política vigente, que dispuso que los magistrados debían ser designados por voto popular, procedimiento que fue un fracaso, lo que, además de ser reconocido por sus autores, iba a ser repetido, cayendo, en esa forma, en un sistema destinado al fiasco.
Ese singular método de elegir magistrados empantanó a todos los niveles del Estado Plurinacional y fue tan embrollado que no encontró forma alguna de solución y, naturalmente, condujo a una salida desesperada, antes que se produzca un vacío de poder.
En todo caso, el problema se origina en la “Farsa Magna” vigente, estudiada a medias por la Asamblea Constituyente de 2008, asesorada por políticos españoles y aprobada por un poder constituido, como fue un grupo de senadores y diputados traídos de manera oficiosa. Tal conducta es cuestionada por el pueblo que, finalmente, puede impedir que los magistrados sean designados por procedimiento absurdo. Se podría considerar que la solución estaría en contar con una nueva Carta constitucional.