Sequía, incendios y muerte por política agraria del MAS

Los agricultores de las regiones de los valles y el altiplano han sido víctimas de grandes problemas climáticos, por los cuales también fueron afectados los habitantes de las ciudades. En cambio, los agricultores de zonas agrícolas del oriente no tuvieron intensas dificultades en el cultivo de sus haciendas, por lo que se garantiza el abastecimiento de mercados urbanos.
Según expertos en el tema, el mayor peso de esos problemas recae en los campos del altiplano y valles de seis departamentos. Ese temporal negativo se expresó principalmente con una intensa y prolongada sequía, que empezó a principios de año. Tampoco se registraron lluvias tempranas, ni las nevadas de invierno. En consecuencia, empezó la sequía que dura hasta diciembre.
Pero, eso no fue todo, en las zonas andinas se produjeron fuertes heladas que “quemaron” lo poco que se había sembrado y, enseguida, también se registraron granizadas, que afectaron a las plantaciones, al destruir sus flores de las que nacen los frutos.
Se trata un ciclo de climas adversos para la agricultura, que vienen de años atrás, los cuales ha originado otras dificultades, no solamente de carácter local, sino nacional. Y, como agravante, tales problemas no son considerados ni por organismos estatales ni privados,
Las sequías de los últimos veinte años provocaron que unos 500 mil campesinos migren a las ciudades en busca de trabajo. Unas 500 mil hectáreas de parcelas cultivables fueron abandonadas y se convierten en eriales. Debido a ese éxodo humano en los últimos años, pudieron encontrar trabajo en obras de construcción en algunas ciudades. Pero como el sector de la construcción decayó se produjo desempleo y, además, los migrantes campesinos no quieren retornar a la tierra para volver a cultivarla, porque no les da renta.
Ante ese futuro incierto, los campesinos migraron a otras regiones para cultivar la hoja de coca y tuvieron éxito, aunque no ilimitado. Entonces, ante esa dificultad, en años recientes, los campesinos migrantes encontraron una nueva solución para acabar con su hambre y, entonces, migraron a regiones orientales, donde encontraron como fuente de trabajo la explotación de oro. Sin embargo, buscando otras oportunidades, estos campesinos (llamados interculturales) volcaron su mirada a las tierras de los llanos del oriente para negociar con la tierra y empezó el asalto a propiedades en producción y, acto continuo, empezaron a hacer “chaqueos” indiscriminados, que causaron los grandes incendios que se registraron en los últimos cinco años y que arrasaron por lo menos cinco millones de hectáreas, de casi imposible rehabilitación.
En esa forma concreta, la política agraria impuesta en la Constitución Política en vigencia, por el MAS-ISPS en el año 2006, es la que ha originado la escalada de problemas en el medio rural, lo cual, a la vez, ha impulsado el contrabando, la producción de pasta de cocaína, el robo de vehículos en Chile, la corrupción, la delincuencia y otros males. Es decir, esa política agraria de Evo Morales y Álvaro García Linera tuvo sus efectos y éstos se convirtieron en causas y así indefinidamente.
Los datos anteriores se refieren a los efectos creados por los fenómenos climáticos y la política agraria practicada por los gobiernos del MAS, bajo los mandos de Morales y García Linera. Eso no es suficiente. Si se compara los resultados de esos dos aspectos, se encuentra que la política agraria de los gobiernos del MAS fue más catastrófica que las sequías, granizadas, heladas, vientos, abandono de la agricultura, sequedad ambiental y otros tantos problemas, porque tienen carácter permanente y duran casi veinte años, determinando hambre, migraciones, escasez, alza de precios y contrabando masivo. Entre tanto, la crisis agría originada por los fenómenos climáticos, como la corriente del Niño, etc., son temporales y pasajeros, no duran más de dos años y son controlables.
Finalmente, si bien la Naturaleza no puede ser objeto de juicio de responsabilidades, las autoridades del gobierno sí deben ser sometidas a ese tratamiento, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.