El “honorable” diputado Jáuregui sale en defensa de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), diciendo: “El documento es de cumplimiento obligatorio”. Esta imagen me hace recordar a cuando el ministro de la dictadura, Luis Arce Gómez, acuñó la frase: “Todos los elementos que contradigan al decreto ley tienen que andar con el testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón”. El TCP prorroga su mandato y de los magistrados y consejeros, justificando que no puede existir un vacío de poder. La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional, con base en una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto es una conspiración política, un atentado a la Democracia, es un golpe judicial, con una calculada mala intención política.
El más favorecido con este crimen, parece ser el bloque “arcista” gobernante, pero en el fondo esta situación demuestra que el MAS, se encuentra muy frágil, porque debe enfrentar el problema de las elecciones, ansiando que todo sea favorable a sus intereses políticos. Que ese proceso sea satisfactorio para todos los que, de una u otra manera, se encuentran vinculados con el poder masista sobre la justicia. Pero nada tranquiliza los ánimos en el MAS, están en medio de la confusión y la aparente división interna. El ex mandatario Morales es el verdadero responsable de esta crisis institucional, en el Órgano Judicial. Sin embargo, los suyos no hacen otra cosa que seguir el plan, a ellos no les interesa la calidad de justicia en Bolivia, solo quieren asegurar su continuidad en el Poder. No saben ya qué hacer para lograr ese objetivo. Si es necesario, dar muerte a la democracia o llevarse por delante a la malograda justicia boliviana.
El MAS pretende aniquilar a la justicia, con todas las armas a su alcance, con amenazas, chantajes e intentos de corrupción contra las autoridades judiciales que no cumplen sus caprichos. Así se maneja la justicia en Bolivia. Todos los medios de intimidación son buenos en contra de los buenos administradores de justicia, su fin es meter miedo a fiscales, jueces y magistrados. Lo intentará de varias maneras, pues los dirigentes vendidos y adictos al gobierno del MAS, no quieren un cambio en la justicia. El gobierno de “Arce” endurecerá aún más su posición, de por sí ya inestable desde el punto de vista económico, social y político. Ahí está el signo de un gran nerviosismo dentro del MAS, signo de debilidad y ciertamente fracasará la nueva convocatoria que se pretende para un nuevo congreso del MAS. El instrumento ya no tiene discurso político, ya no tiene motivos para continuar con la lucha. Se convirtieron en el instrumento del narcotráfico y el crimen organizado internacional. El nerviosismo y la debilidad son los signos del fracaso y la derrota.
“Masistrados” usurpadores, todos controlados o nombrados por el gobierno, de una u otra manera pretenden prorrogarse en sus cargos políticos, porque hablar de meritocracia está por demás en Bolivia. Hasta en el sentido de la Justicia, el régimen del MAS ha perdido la batalla cultural, como su credibilidad. El campo de los que pretenden un cambio en la justicia se incrementa con numerosos apoyos, en tanto que los conservadores, defensores del statu quo en la justicia boliviana, defensores legales del gobierno del MAS, disminuyen.
No olvidemos que el Colegio de Abogados, los defensores de la ley, de la legalidad y la legitimidad, al igual que los buenos periodistas, y la libertad de expresión, son víctimas de las acciones represivas gubernamentales, hay una censura oficial organizada y continúan las amenazas por un lado y el otro. La subordinación ha convertido a la abogacía y el periodismo, en trabajos muy delicados, por eso han pagado un alto tributo a la dictadura. Toca únicamente al régimen del MAS, encontrar una solución, porque ha dado origen al problema de la descomposición del sistema de administración de justicia. La justicia se pudre por dentro, hay que encontrar solución para la situación angustiosa en la que se encuentra en el país. El MAS se ha deslegitimado totalmente en materia electoral.
Pero primero, para ver un cambio en la justicia en Bolivia, hay que ganar la batalla moral, hay que hacer triunfar la idea de que nos movilizamos espontáneamente por una causa pública, que vincula el destino del país y de las próximas generaciones. El régimen represivo del MAS, en especial del ex mandatario, no tiene parangón en nuestra historia. El gobierno dispone de la fuerza represiva e institucional, nosotros solamente tenemos la fuerza de nuestra voz, cansados por tanta impunidad e injusticia. Estamos en una situación invertida, en la que magistrados, jueces, fiscales y abogados se convierten en vergonzosos culpables de la violación sistemática de las leyes bolivianas.
Hay que protestar contra el TSJ y el TCP y su intención de prorrogarse, por ser considerados por toda la opinión pública, como inconstitucionales. Las negociaciones fracasarán en todo sentido para llevar adelante las nuevas elecciones judiciales. Existe una conspiración planificada y establecida. El gobierno del MAS no sabe cómo encontrar argumentos para esta atrocidad política, no sabe cómo justificar que no supo resistir y se debilitó. El gobierno con las futuras elecciones judiciales querrá meternos “gato por liebre”, pero nosotros continuamos en la lucha por un sueño. Todos tenemos el sueño y la esperanza de ver un cambio, no muy lejano, en la justicia y de que sea respetado el Estado de Derecho en Bolivia.
Jhonny Vargas es Politólogo y Docente de Postgrado.