Un catastrófico año judicial

Una somera evaluación del país, en particular en lo que se refiere a la crisis de la actividad judicial, revela el notable grado de dificultades en que se encuentra el funcionamiento de los diversos organismos que son parte del Órgano Judicial del país, que es uno de los cuatro órganos que conforman el Estado Plurinacional, instituido por la Asamblea Constituyente del año 2009, (reunida en un antiguo teatro).
El año 2023 empezó con una ofensiva de diversos sectores de las más diversas instituciones del país, demandando la reforma de la justicia y, dentro de ella, una reforma administrativa. Esa campaña, sin embargo, terminó en un enorme cero. Dicha frustración dio paso a la obligación constitucional para elegir, mediante voto popular, a los magistrados, lo que dio origen a acalorados debates que pusieron en duda la efectividad de esa modalidad electoral. Es más, la resolución del Tribunal Electoral agravó las diferencias y, finalmente, el asunto fue pasado al Tribunal Constitucional Plurinacional que, en artículo mortis, dio la palabra definitiva. En efecto, la elección de magistrados por voto popular se postergaba indefinidamente y se dio curso a la prórroga en sus funciones, todo lo cual fue calificado por la oposición como inconstitucional.
Los asuntos referidos a la reforma judicial, –como la elección de magistrados por voto popular, establecida por la Constitución Política del año 2009–, enfrentan notable oposición pública y es posible que otros intentos con las formas ya utilizadas vuelvan a caer en el fracaso y todo quede en enorme cero. En esa forma, no es visible alguna salida al tema judicial, como ya lo demostraron los hechos, tanto en las urnas como en las discusiones y considerando las resoluciones tribunalicias y parlamentarias y, más que todo, a la opinión pública.
La cuestión de la justicia en Bolivia, en la actualidad, ha llegado a un extremo de imposible solución, no porque diputados, senadores y magistrados lo quieran, sino porque se trata de un tema de mucha complejidad, a no ser que se recurra a una fórmula no considerada hasta el momento, la cual sería modificar o cambiar la Constitución Política. Mientras tanto, crece la protesta general, porque no se toma en cuenta que la sociedad demanda ante todo cambios profundos, dejando de lado intereses políticos mezquinos, para que los litigantes no sigan padeciendo por tan deficiente administración de justicia.