La Comisión de Constitución de Diputados, liderada por el «arcista» Juan José Jaúregui» rechazó los dos proyectos de ley, aprobados en el Senado, que pretendían cesar en sus funciones a los magistrados al final de su período de mandato el 2 de enero e impedir que se prorroguen en el cargo.
Uno de los proyectos aprobados en el Senado proponía dejar sin efecto la prórroga decidida por el Tribunal Constitucional y la cesación de los magistrados, mientras que el segundo proyecto de ley planteaba suspender plazos procesales desde el 2 enero.
Según Erbol, estas leyes fueron rechazadas por los oficialistas en la Comisión. Jáuregui argumentó que el Senado obró de manera negligente al aprobar estos proyectos, porque considera que no tienen sustento jurídico constitucional.
Jáuregui explicó que se ha rechazado la ley para suspender plazos procesales, porque el Tribunal Constitucional estableció que no se podría paralizar la administración de Justicia.
En cuanto a la ley para cesar a los magistrados el 2 de enero, el diputado «arcista» argumentó que una decisión del Tribunal Constitucional «es de cumplimiento obligatorio y contra ésta no existe recurso ulterior».
El diputado de Comunidad Ciudadana, Pablo Arizaga, afirmó que Jaúregui es el mejor abogado que pudieron tener los magistrados prorrogados.
Según el opositor, los oficialistas no sabían cómo explicar la prórroga de mandato de los magistrados más allá del tiempo de su mandato y sólo se limitaban a señalar que la Constitución no menciona la palabra improrrogable. Recalcó que las cuestionadas autoridades judiciales tienen un «gran bufete de abogados» en la Comisión de Constitución.
La oposición y el ala «evista» rechazan que los magistrados se prorroguen más allá de los seis años de gestión, porque consideran que están en un contubernio con el Gobierno para favorecerse mutuamente. El «arcismo» por su parte culpa de esta situación a la incapacidad de la Asamblea para viabilizar las elecciones judiciales.
LA TERCERA LEY
Respecto a la tercera ley para ajustar la norma de juicio de responsabilidades, con el objetivo de que magistrados también reciban sanción penal, Jaúregui explicó que se ha derivado a un comité para su análisis.