Nuestra actual Constitución Política del Estado (CPE), la cual tiene apenas 14 años de vida (la edad de una adolescente), sin duda alguna es la mujer más violada en nuestro diario vivir. Gobernantes y gobernados la violan sin medida ni clemencia. Teniendo un grave diagnóstico de cáncer uterino, requiriendo de una intervención quirúrgica de urgencia. Avizorando que su vida corre peligro.
Dicha analogía tiene que ver con la tremenda y abusiva violación descarada que hicieron no hace mucho, sus dizques guardianes-defensores (Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP y secundados por los órganos Ejecutivo y Judicial) en el sentido de autoprorrogarse en sus funciones hasta que haya nuevas elecciones judiciales en el país y al paso que vamos… ni en 2024 ni en 2025 habrá las mismas.
Dicha acción por parte de los masistrados del TCP ha sido tan descarada y descabellada que no tuvieron vergüenza alguna de violar la CPE, ante la vista de toda la ciudadanía nacional, dejándonos con la boca abierta y preguntándonos: ¿Oh, ahora quién podrá defendernos? Estos violadores deben ir a un juicio de responsabilidades.
La adolescente CPE establece claramente en sus artículos 182.I y 198 que magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional (aplicable también para autoridades del Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura) respectivamente, serán elegidos mediante sufragio universal. A lo que se debe añadir el artículo 183.I que expresa: Las magistradas y magistrados, no podrán ser reelegidas y reelegidos. Su período de mandato será de seis años. ¿No sé qué parte les resulta difícil de interpretar o no entienden los “doctorcitos”?
Que se auto prorroguen en sus cargos las actuales autoridades del TCP y Órgano Judicial, más allá del 2 de enero del 2024, es totalmente nefasto, es un “autogolpe de Estado institucional” y es un “golpe” a la democracia que el pueblo boliviano no lo debe permitir. Sin duda, debe haber un estado de emergencia. El dejarlo pasar como si nada estuviera sucediendo, sería ser cómplices de ese nefasto hecho.
El gran problema de la actual CPE es que, al recibir tantas violaciones desde su creación, como promedio uno por día con apenas 14 años de vida, no sabe para quién engendra ese embarazo, que quién sabe si llegará a parir de aquí a nueve meses (elecciones judiciales) o lo perderá definitivamente (no habrá elecciones judiciales). Sin duda que urge una intervención quirúrgica a nuestra carta fundamental, como es el modificar la elección de las autoridades judiciales mediante voto y la reelección por una sola vez de manera continua en la presidencia y vicepresidencia del país, entre otros artículos más. Los cuales están provocando enfrentamiento entre bolivianos.
Con este “golpe de Estado institucional” del TCP y Órgano Judicial al primer poder, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hace pensar seriamente que la institucionalidad democrática está totalmente socavada y degradada. ¿Será que exista un “salvador” o un Chapulín Colorado en la ALP que salga en defensa del propio Órgano Legislativo ante semejante atropello y violación por parte de los trúhanes Chompiras y Botijas (TCP y Órgano Judicial)?
En el fondo, con este “golpe de Estado institucional” lo que se busca es que no existan elecciones judiciales de manera indefinida y que las autoridades del actual TCP y actual Órgano Judicial sigan dependiendo directamente del Órgano Ejecutivo para que gobierne vía decretazos, en vista de que no tiene gobernabilidad en la ALP. Todo eso está poniendo en peligro la institucionalidad democrática en el país. Con este acto jurisprudencial, a partir de la siguiente gestión cualquier autoridad, ya sea nacional, departamental o municipal, también podrá auto prorrogarse en sus funciones.
De auto prorrogarse irresponsablemente y de manera anticonstitucional en sus cargos, las autoridades del TCP y Órgano Judicial, sus actos a partir del 2 de enero del próximo año serán nulos de pleno derecho, los cuales no tendrán efecto en el ordenamiento jurídico del país. No sé si de eso también están conscientes los “ilustres” abogados/as que manejan todavía dichas instituciones.
Si le “meten nomás”, daría a entender que son unos analfabetos funcionales; que no saben lo que escriben ni tampoco saben lo que leen. “Así nomás habíamos estado” en nuestra Patria, con rumbo a un vacío de poder en lo judicial.
El autor es Comunicador social.