La diputada nacional, María René Álvarez, señaló que en la historia de Bolivia quedará marcado el 28 de diciembre de 2022 como una fecha nefasta para la democracia, porque en tiempos de un supuesto estado de derecho, una autoridad electa fue secuestrada, detenida y encarcelada bajo cargos inventados que la misma historia terminará de desmontar.
“Secuestro, incomunicación, traslado ilegal, montaje judicial, linchamiento de los operadores judiciales, cerco violento, violación a la privacidad, sobrexposición ilegal, negación al acceso a la salud, riesgo contra su vida, impedimento al ejercicio de funciones y tortura blanca”, detalló Álvarez.
El 28 de diciembre de 2022, un grupo de policías encapuchados, hizo seguimiento al trayecto del gobernador Fernando Camacho en movilidad y lo interceptó con violencia. “No hubo orden de aprehensión, no se la mostró en ese momento y, al contrario, se actuó con la violencia característica de un secuestro”.
Luego quedó incomunicado por 19 horas desde su ilegal traslado al trópico cochabambino para concluir en la jurisdicción de La Paz.
Un juez con antecedentes de suspensión en 2016, un fiscal con denuncias en su contra, un funcionario de Procuraduría acusado de maltrato y un abogado acusador comenzaron el linchamiento judicial.
Inventaron, por ejemplo, que Camacho “no tenía trabajo, no tenía domicilio y no acreditaba familia”. Comenzaron con cuatro meses de detención preventiva, luego ampliaron en abril otros cuatro meses y en septiembre sumaron tres meses. Finalmente, el 12 de diciembre un juez volvió a dar 1 mes de detención.
“Vigilias” violentas en Chonchocoro evitaron que la gente vaya a visitar o a expresar su respaldo a la primera autoridad cruceña.
Se mostraron fotos del gobernador en su celda, enfermo, vulnerable; se violó su derecho a la privacidad y en enero se encontró una cámara espía en su celda. Pese a sus dolencias, se le ha negado una atención especializada. Solo en septiembre permitieron su traslado a un hospital en El Alto, luego de haber insistido en conformar “juntas médicas”.
Finalmente, de la misma forma en la que se le niega el contacto con la población que lo eligió, también se restringe el contacto con su familia.
Se cumple un año de vulneraciones a los derechos fundamentales de una autoridad electa por mayoría del pueblo y que ostenta la calidad de “inocente, mientras no se pruebe lo contrario”. Pero todo esto queda registrado para que quienes hoy abusan del poder respondan mañana ante la justicia, ante estrados internacionales, pero sobre todo ante nuestra Santa Cruz.