Esta es una realidad confirmada por una decena de fuentes, entre cañeros, autoridades y funcionarios públicos. Indígenas que nunca habían contraído un crédito ahora están endeudados con la empresa pública por la deforestación de su territorio y el cultivo de caña. Las comunidades que aceptaron el trato reciben un 20% del valor de la producción, mientras el restante 80% se destina al pago de su deuda.
A las deudas de las comunidades locales se suma la que tiene la propia empresa pública con el Banco Central de Bolivia (BCB) por $us 265 millones, dinero que le fue entregado para su constitución y para la construcción del ingenio azucarero. Hasta ahora el crédito no ha sido devuelto, según informes de la entidad monetaria.
“El ingenio azucarero es un gran engaño”, dice un hombre que escuchó mi conversación con un funcionario de la Alcaldía de San Buenaventura, en el norte de La Paz. Es el final de la tarde de un jueves de noviembre de 2023 y estamos envueltos en una nube de humo, con un calor insoportable por los incendios que se comen la Amazonía boliviana. Esta persona oriunda del lugar me pide mantener su nombre en reserva y me cuenta que la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) convenció a las comunidades para desmontar sus bosques y cultivar caña de azúcar con la promesa de desarrollo. Los indígenas aceptaron, pero como todo se hizo con equipo de la compañía “al final les pasaron la factura y los hermanos terminaron con deudas de millones de bolivianos”.
El problema es que cada año que pasa la producción es menor, por lo que hay menos valor para honrar estos compromisos. En un principio se estimaba que la deuda se pagaría en cinco años, pero en ese tiempo los cañeros deben adquirir más créditos para comprar pesticidas, semillas y otros insumos.
“Teníamos programado pagar la deuda en cinco años, pero como hay deficiencias en la producción, cuando es tiempo de cosechar entra el tema de fertilizantes y ciertas cosas, pues ya es otra adquisición de deuda”, cuenta un cañero de la comunidad Altamarani, la más próxima al ingenio, cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias.
Jorge Canamari, presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), un pueblo originario de la Amazonía boliviana, va a bordo de un vehículo azul oscuro. Transita por parajes que más parecen del altiplano que de un bosque húmedo, con vegetación seca y ocre. Alrededor del camino llamas ardientes consumen la vida y columnas de humo se elevan hacia los cielos grises. Ante la desatención de las autoridades, él se mueve en este coche junto a su familia, y un lorito desplumado que se muere de sed, para ayudar a las comunidades asediadas por los incendios.
“Hay comunidades endeudadas con más de Bs 4 millones y en cinco cosechas no se pagó ni la mitad, porque cada año va mermando la producción. Es lamentable”, afirma.
Ni Easba ni el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cartera encargada del área, brindaron información solicitada para este reportaje.
UNA EMPRESA POCO RENTABLE
“A mí no me lo contaron, yo mismo he intentado producir caña de azúcar y sé de las limitaciones. Tengo mi trapiche ahí pudriéndose”, dijo el paceño, de 63 años y casi 30 viviendo en Rurrenabaque, Beni, donde decidió armar su hogar con su difunta esposa. Ahora él vive con “Jucu”, una perra cariñosa que lo sigue a todas partes por su casa, ubicada a pocas cuadras de la plaza principal, y con una gata que caza a los ratones.
Robison explica que la intención de cultivar caña en San Buenaventura es parte de la denominada «Marcha al Norte», una emulación de la «Marcha al Oriente», que entre los 40’ y 50’ se concretó con la construcción de ingenios azucareros en Santa Cruz. Hasta entonces el departamento cruceño había sido una región descuidada, que tuvo que ser conectada con carreteras a las tierras altas donde bullía la actividad económica gracias a la minería y a la burocracia gubernamental. (La Nube)