Piden que FGE active procesos contra magistrados desde enero

Los actuales magistrados del Órgano Judicial deben cesar en sus funciones el 2 de enero, no pudiendo prorrogarse ni un día más, caso contrario vulnerarían la Constitución y serían pasibles a sanciones.
Sumándose a la exigencia para que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, deje sin efecto el receso y convoque a sesión plenaria para frenar un “golpe jurídico”, el diputado Sergio Maniguary, jefe de bancada nacional de Creemos, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) activar de oficio los procesos legales contra aquellos magistrados que intenten ejercer funciones a pesar de haber concluido su mandato.
El asambleísta nacional, anunció que desde la bancada nacional de Creemos se cursaron dos notas dirigidas a los presidentes de la ALP, David Choquehuanca y de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, solicitando que se reanuden y garanticen las sesiones plenarias del Parlamento.
“Si el presidente nato de la Asamblea Legislativa se niega a convocar al pleno, lo deberá hacer el presidente de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia para evitar la autoprórroga”.
Asimismo, sostuvo que se debe trabajar un Proyecto de Ley Transitorio para las elecciones judiciales 2024 y exigir que las autoridades correspondientes actúen de oficio en caso de que autoridades, cuyos mandatos finalicen en esta gestión, intenten operar a partir del mes de enero de 2024.
“También exigimos a la Fiscalía General del Estado de oficio active los procesos legales contra los magistrados que intenten ejercer funciones a pesar de haber concluido su mandato”, expresó Maniguary.
Ayer, mediante un pronunciamiento emitido por la bancada nacional de Creemos, esta organización política reiteró que los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional deben cesar es sus funciones el 2 de enero, no pudiendo prorrogarse en sus cargos ni un día más, caso contrario vulnerarían la Constitución y serían pasibles a sanciones penales por prolongación de funciones.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado, como Órgano encargado de la persecución penal, ante la prevaricadora Declaración del TCP, de oficio debe activar los procesos legales correspondiente ante la vulneración de la Constitución”, señala parte del documento.