Martín Fabbri Zeballos
La práctica democrática de la revocatoria de mandato en Bolivia establecida en la Constitución Política del Estado en su Art. 240 parágrafo I, Ley del Régimen Electoral en su Art. 25 y siguientes, entendida como el mecanismo que permite a la ciudadanía retirar la confianza a una autoridad electa antes del término de su periodo, ha enfrentado en la última década un conjunto de desafíos que han transformado significativamente su accesibilidad y viabilidad.
Un exhaustivo análisis de las solicitudes de revocatoria de años pasados muestra que, si bien en el papel se trata de una herramienta de control democrático al alcance de los votantes, en la práctica las barreras son cada vez mayores. El elemento más evidente es el porcentaje de firmas necesarias para activar el proceso en caso de autoridades nacionales, regionales y departamentales del 25% y en caso de municipales del 30%, que se ha mantenido en un umbral que muchos colectivos y sectores de la sociedad consideran excesivo.
Este alto umbral de firmas establece desde el inicio un desafío logístico importante para los grupos ciudadanos. Sin embargo, a este desafío se suma ahora un factor aún más disuasivo: el costo económico de impresión de libros, así como llevar a cabo una campaña para recoger las firmas necesarias, más aún en un tiempo reducido de 90 días, implica un desembolso monetario que muy pocas organizaciones o movimientos ciudadanos pueden asumir.
Además, una vez alcanzado el número requerido de firmas, la organización de un referéndum para la revocatoria necesita de una asignación presupuestaria que, en tiempos de ajustes fiscales y priorización de gastos del Estado, resulta ser otro gran impedimento.
Estos factores conjuntos hacen que la revocatoria de mandato, lejos de ser un recurso democrático recurrente, se convierta en una opción casi teórica para la ciudadanía. Las estadísticas muestran que, en la actualidad, son mínimas las autoridades sujetas a este proceso, teniéndose un total de 48 solicitudes en 340 municipios que componen en territorio nacional.
El debate está servido en la mesa política y social de Bolivia. ¿Es este incremento de las dificultades un mecanismo para garantizar la estabilidad gubernamental y evitar abusos de la revocatoria, o representa un obstáculo demasiado grande que impide ejercer un derecho democrático pleno?
En este contexto, las autoridades bolivianas actuales parecen estar más blindadas frente a la posibilidad de una revocatoria de mandato. No obstante, la evolución de la normativa y su aplicación en el terreno práctico serán determinantes para el fortalecimiento o el debilitamiento de la democracia participativa en Bolivia.
Llamados a la reflexión y al análisis sobre la pertinencia de ajustar estos mecanismos emergen de distintos sectores, con la esperanza de alcanzar un equilibrio que permita a los ciudadanos tener una participación activa y efectiva en el control de sus autoridades, sin que ello suponga tener que escalar un muro burocrático y financiero prácticamente infranqueable.
El autor es abogado, Master en Derecho Constitucional.