Periodistas sufren acoso legal de abogado del ente deportivo

Los periodistas deportivos Jaime Vega y Alejandro Cabo fueron acusados de extorsión y ejercicio indebido de la profesión por parte de Víctor Hugo Pérez, un abogado que impulsa causas para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), ente que no participó como coauspiciante en este caso.
El abogado Pérez presentó una demanda contra Vega y Cabo porque según su interpretación, los periodistas habrían “sugerido” en sus programas y redes sociales que el presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, también vicepresidente de la FBF, busca opiniones favorables a su gestión a cambio de dinero o apoyo publicitario de sus empresas.
La demanda coincidió con una publicación de Vega que dijo haber rechazado un viaje con gastos pagados por la FBF a una cobertura en el extranjero, hecho que el ente deportivo negó con un mensaje en redes sociales en el que indicó que solo invita “a periodistas deportivos que actúan con ética”.
Consultado por la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jaime Vega consideró que se trata de “un abuso más en contra de quienes criticamos la pésima gestión de los dirigentes del fútbol y vamos siempre con la verdad. En ningún momento hubo extorsión como dicen y llevó más de 22 años ejerciendo el periodismo en Bolivia. Soy miembro de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, socio del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz, y por ende todo esto es un intento de amordazar al periodismo libre”.
Por su parte, Alejandro Cabo indicó a la Unidad de Monitoreo de la ANP estar “sorprendido por estar involucrado en esta situación a través de una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza y está llena de falsedades. Tengo mi conciencia tranquila, así que toca esperar el desarrollo de los plazos de la justicia para esclarecer este asunto. Garantizar la libertad de expresión es un derecho básico, en un pueblo que quiera ser democrático”.
Las penas por ejercicio indebido de profesión implica la privación de libertad de uno a dos años, y por extorsión, de uno a tres años, según la legislación boliviana. De acuerdo con el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), los principios de veracidad y responsabilidad en el trabajo periodístico se ejercen mediante normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas, y la Ley de Imprenta.
El 7 de diciembre, cuando tuvo lugar la audiencia de conciliación, el abogado Pérez no se hizo presente, tampoco remitió pruebas de sus acusaciones, en cambio los representantes legales de los acusados descartaron tanto la supuesta extorsión como el supuesto ejercicio indebido del periodismo.
El caso pasó a la Fiscalía de Santa Cruz para su conclusión, empero, “la vacación judicial lo dejó pendiente hasta el 4 de enero de 2024”, dijo Vega. (ANP)