Análisis sobre atropellos a la prensa nacional

Casi al finalizar el año pasado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), entidad que agrupa a los medios escritos del país, en un informe anual hizo conocer 73 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. En esa evaluación resalta el afán de sectores oficialistas de acallar a periodistas independientes, con el objetivo de que prevalezcan las versiones gubernamentales sobre lo que sucede en el país.
Tal intención, obviamente, contradice la constante prédica sobre que vivimos en un régimen democrático y que no hay restricciones a la libertad de prensa. Sin embargo, no respetar la diversidad de opiniones, ni los medios para informar lo que ocurre en el territorio nacional, pone en entredicho lo que dicen al respecto los voceros del gobierno.
Por otra parte, es muy preocupante que durante el régimen populista vigente desde hace más de quince años hayan desaparecido medios de comunicación que cuestionaban actos gubernamentales, como Página Siete y La Prensa. A ello se suma la reciente y polémica venta del matutino cochabambino Los Tiempos, cuyos ex dueños denunciaron presiones para transferir ese periódico, ahora en manos de un grupo afín al gobierno. También el informe de la ANP revela el cierre de radioemisoras yungueñas, una de la de la Iglesia Católica, que dejó de funcionar tras décadas de trabajo periodístico y a la que se le puso trabas para renovar su licencia. En otros casos, hubo controles técnicos estrictos y decomisos de equipos. Al respecto, no se mide con la misma vara a todos los medios de comunicación, por lo que siguen, por ejemplo, funcionando las “radios piratas” que obstaculizan las emisiones de las emisoras legales.
Ese panorama sombrío empeora cuando se producen agresiones que llegan al secuestro y a golpizas, contra periodistas que informan, como es su deber, sobre casos de narcotráfico, tomas violentas de terrenos de producción agrícola, arrestos agresivos a opositores. O se les exige con amenazas hasta de muerte que revelen la fuente de la información no aceptada por turbas afines al oficialismo.
Lo que indigna a la opinión pública es que mientras las autoridades nacionales declaran “que se respeta plenamente la normativa vigente”, todo lo mencionado muestra que no es así. Por lo tanto, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación tienen que ser investigadas hasta dar con los culpables y sancionarlos para sentar precedente. Pero son muchos los casos en los cuales la indagación policial y el procesamiento legal avanzan con paso de tortuga y campea la impunidad.