La directora de Genero Generacional del municipio cochabambino, Tatiana Herrera, se trasladó a la ciudad de La Paz, con la finalidad de entrevistarse con autoridades de Gobierno y representantes de instituciones que defienden los derechos humanos, buscando justicia para una familia del Trópico de Cochabamba que fue extorsionada, privada de libertad y que sufrieron lesiones, bajo la administración del corregidor de San Francisco, en el municipio de Villa Tunari, Wilfredo Lazarte Marquina.
Herrera, tras una semana buscando que autoridades del departamento entre ellos la policía nacional, la fiscalía Departamental, Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se pronuncien sobre este caso que destapa una olla no solo de corrupción sino de manejo abusivo de la justicia, asumió buscar defensa de la familia Grajeda Mejía con la representante de Derechos Humanos, Amparo Carvajal y ante el Ministerio de Gobierno, en la ciudad de La Paz.
Herrera sostuvo ante medios de comunicación en la urbe paceña, que el caso de la familia torturada en el Trópico de Cochabamba, desnuda la incapacidad de sus autoridades departamentales que responden a la estructura política del ala “evista”, desde el corregidor, la policía asentada en el trópico, la representación del defensor del pueblo en el trópico, derechos humanos y fiscalía departamental.
“No les interesa aclarar este hecho de vulneración de derechos humanos, en una tierra de nadie, donde el único que se cree dueño es Evo Morales y donde todo sucede con la anuencia del dirigente cocalero”, dijo la directora de Genero.
Herrera señaló que ya son dos décadas de naturalización de este tipo de trato y una muestra es la situación de la familia Grajeda Mejía, que empezó su calvario en el mes de noviembre; una pareja que discute, se separa e intentan volver en su relación.
“El corregidor de San Francisco, en conocimiento de su intención de reconciliación, los convoca y les dice que si quieren volver deben pagar alrededor de 17 mil bolivianos, luego 13 mil y ante la negativa de pagar el corregidor los encierra a cada uno en una celda durante varios días sin alimento. Posteriormente el corregidor los suelta para que consigan alrededor de 7 mil bolivianos y cuando la familia se encuentra en su hogar sufren allanamiento y extorsión”.
Dijo que de todo este proceso existen fotografías, pruebas de que en el trópico sus autoridades han naturalizado acciones vinculadas a la corrupción, extorsión y amedrentamiento, para sonsacar dinero y las autoridades “amen, gracias” y para no ser también victimas del aparato sindical masista, prefieren hacer de la vista gorda.
Herrera también dijo que preocupan las declaraciones de dirigentes del movimiento al socialismo que viven en el sector de San Francisco, porque no se trata de justicia sindical, justicia comunitaria y en su calidad de servidora pública del municipio cochabambino no recibe la atención necesaria de las autoridades.
Finalmente, Herrera dijo que se entrevistó con la responsable de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, instancia que recibió la denuncia para su investigación e interpelación a las autoridades de gobierno que deberían velar por la seguridad de sus habitantes. Asimismo, se reunió con autoridades del ministerio de Gobierno para evitar que este tipo de hechos queden en la impunidad y que desde hace 20 años, según la población, ha ido escalando la impunidad que responde a una gobernanza de Evo Morales en el trópico de Cochabamba. (Cochabamba, agencias)