Rechazando la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la que se dispuso que el vicegobernador de este Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma la titularidad de la Gobernación de forma interina, el expresidente, Carlos Mesa Gisbert, calificó la determinación como un “atentado” contra este departamento y una nueva estrategia del Gobierno para despojar del cargo a la actual autoridad departamental, Fernando Camacho.
Mediante sus redes sociales, el exmandatario cuestionó que mediante una instancia que ejerce funciones forma ilegal se busque servir intereses del poder, despojando de su mandato a una autoridad electa democráticamente.
“Rechazamos el nuevo atentado del MAS contra Santa Cruz que ahora busca despojar de su mandato al gobernador Luis Fernando Camacho, hoy preso político, a través de una sentencia espuria del TCP que ejerce funciones ilegalmente y que sirve a los intereses políticos del Gobierno”, expresó Mesa desde su cuenta de X.
Anteriormente, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, afirmó que la Sentencia Constitucional 1021/2023, es la respuesta política del MAS, a la que se presta el vicegobernador, Mario Aguilera, al haber pedido ser posesionado en el cargo.
“Esta sentencia sale de una respuesta a una acción de cumplimiento interpuesta por asambleístas del MAS. Se trata de una acción jurídica en contra del gobernador Camacho y a favor de Mario Aguilera”, dijo Bazán en conferencia de prensa, tras calificar como “la carta de la vergüenza” la que fue remitida por el vicegobernador a la Asamblea Departamental de Santa Cruz solicitado su posesión, de lo contrario generaría acciones penales.
Ayer, el diputado Walthy Egüez, pidió al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, evitar que el Gobierno desconozca el voto de los cruceños.
Antes, Larach se había propuesto como mediador entre el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Zvonko Matkovic, y el vicegobernador, Mario Aguilera, para llegar a acuerdos y que se cumpla la Sentencia Constitucional 1021/2023, acto calificado como impertinente.