El Ministerio de Sanidad impondrá este miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en los centros de salud de todo el país. Con esta medida, Sanidad pretende elevar la protección frente al aumento de contagios de virus respiratorios y amparar jurídicamente a las comunidades.
El departamento que dirige Mónica García explica que esta decisión se toma en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública y «obliga a todas las partes» implicadas a cumplir con lo dispuesto.
Con esta medida, Sanidad pretende elevar la protección frente al aumento de contagios de virus respiratorios y amparar jurídicamente a las comunidades que han apostado por la obligatoriedad.
Precisamente este miércoles termina el plazo para que las distintas comunidades analicen la propuesta que hace unas horas ha lanzado el Ministerio de Sanidad, partidario de retomar el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios españoles. Hasta el momento, solo seis regiones han aceptado la medida: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias. Mónica García les concede al resto de autonomías un plazo de 48 horas para «presentar alegaciones». Hace una semana, fuentes ministeriales planteaban la recomendación y no contemplaban la obligatoriedad de los tapabocas.
El Ministerio de Sanidad ha trasladado este lunes a las comunidades la recomendación de implantar la mascarilla obligatoria en los centros de salud de todo el país. El Consejo Interterritorial ha terminado sin consenso y las dos partes se han emplazado a una nueva reunión, programada para este miércoles, con la premisa de que las comunidades reticentes puedan aportar alternativas antes de redactar el texto final. El grueso de los territorios aboga por un uso recomendado de las mascarillas y así se lo han trasladado sus responsables a la ministra.
La intención de Sanidad es unificar la protección de los ciudadanos, independientemente de la comunidad en la que residan, además de blindar desde el punto de vista jurídico a las comunidades que sí han optado por la obligatoriedad de las mascarillas en los hospitales y centros de salud. La declaración de actuaciones coordinadas implica que todas las regiones tendrán que adoptar las medidas pautadas, incluso si están en desacuerdo. Este mecanismo es el que se utilizó durante la pandemia de covid. Muchas comunidades han aprovechado el Consejo Interterritorial de este lunes para reprochar la falta de medidas y de planes hasta la fecha.
«Nos preocupamos y trabajamos codo con codo con las comunidades. Hemos reflexionado sobre el papel de la mascarilla en centros sanitarios para proteger a pacientes y profesionales como una medida efectiva y avalada por la evidencia científica. Hemos recogido iniciativas como ampliar la recomendación», argumentó Mónica García, una vez finalizada la reunión. Entre las comunidades que se han posicionado en contra destacan Castilla y León, Madrid, Baleares y Andalucía.
Sanidad recuerda que, a pesar de las acusaciones de «inacción», ningún consejero planteó preguntas sobre la gripe en la última reunión con las autonomías. La declaración de actuaciones coordinadas en materia sanitaria tiene que «responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública». (Infobae)