Advierten intenciones políticas de “patear” las Judiciales hasta 2026

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, advirtió sobre supuestos objetivos políticos de algunos actores para “patear” las elecciones judiciales hasta el 2026. Aseguró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deliberadamente provocó la paralización del proceso de preselección de candidatos en seis ocasiones, atentando contra el derecho del pueblo boliviano.
En conferencia de prensa, tras hacer un recuento de todos los obstáculos por los que atravesó el proceso de preselección en la ALP hasta su paralización definitiva en la gestión 2023, Rodríguez lamentó la falta de voluntad de algunos legisladores y el propio Órgano Judicial para avanzar hasta concretar la elección de las nuevas autoridades de justicia mediante el voto popular.
“En siete meses y 28 días, el TCP imposibilitó la realización de las Elecciones Judiciales. No hubo voluntad desde el Órgano Judicial ni desde la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Desde la Asamblea Legislativa, particularmente desde la Cámara de Senadores hemos hecho los máximos esfuerzos para que se pueda concretar la preselección y se pueda convocar a elecciones”, dijo.
En criterio del titular del Senado, la paralización del proceso de preselección y todas las trabas para la aprobación de una normativa que reencamine las Judiciales responden a intereses políticos por parte de una prorrogada administración de justicia, con la finalidad de evitar a toda costa la renovación de las altas cortes del Órgano Judicial.
“Nosotros calificamos este hecho como una decisión política y no jurídica. Sin duda esta decisión de autoprorrogarse, por parte de los magistrados y consejeros, es una disposición política que no respeta la Constitución Política del Estado, ni mucho menos la voluntad de este espacio para que se logre la preselección que materialice los comicios judiciales”, cuestionó la autoridad legislativa.
En ese sentido, también cuestionó la falta de voluntad de la directiva y los miembros de la Cámara Baja para tratar la inclusión de las observaciones emitidas por el TCP a la Ley 144, aprobada por el Senado, o para analizar una nueva normativa para viabilizar las Judiciales en esta gestión.
Rodríguez convocó al presidente de la Cámara Baja y a los representantes de las tres fuerzas políticas en el Parlamento, pidió que exista la máxima voluntad para abordar esta problemática de forma inmediata y en el menor tiempo posible.
Asimismo, advirtió que si no se logran acercamientos y acuerdos que posibiliten salidas al tema de las Elecciones Judiciales y la crisis de justicia por la que atraviesa el país, se cumplirá el plan de algunos actores políticos de postergar la renovación de altas cortes hasta después de las elecciones generales de 2025.
“El objetivo político de algunos está en patear las elecciones judiciales hasta el 2026, lo cual incurre en incumplimiento de deberes de aquellos que no tienen la mínima voluntad de cumplir este objetivo”, sostuvo.
Rodríguez afirmó que si se logra concretar una nueva normativa es posible reencaminar el proceso y hacer que los plazos para la organización de la votación comiencen a correr.
El 12 de diciembre de 2023, luego de una serie de acciones que obstaculizaron el proceso para la preselección de candidatos a las Elecciones Judiciales hasta descartar su realización en esa gestión, una Consulta de Constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Justicia al TCP derivó en que esta instancia determine prorrogar el mandato de Magistrados y Consejeros electos en 2017 hasta que la ALP concluya con éxito el proceso de preselección y el TSE organice, y lleve adelante la votación para elegir mediante voto popular a sus sucesores.
“Este Tribunal dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, manifestó en conferencia de prensa, el magistrado René Espada.
La Declaración Constitucional 0049/2023 también estableció la inconstitucionalidad de algunos artículos contenidos en el Proyecto de Ley 144 sobre las elecciones judiciales, aprobado por la Cámara de Senadores.
Para ese entonces, opositores y oficialistas del “ala radical” ya habían anticipado una inminente “autoprórroga”, denunciando que administradores de justicia actuaron en connivencia con el Gobierno para quedarse en el cargo dilatando la realización de las Elecciones Judiciales.