Defensor del Pueblo abre caso por violencia y acoso político

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó al Ministerio Público a iniciar un proceso penal a los dirigentes que forzaron a renunciar a dos concejalas de Sipe Sipe, en medio de agresiones verbales y físicas.
Las concejalas Reina Beltrán, del grupo político Súmate; y Eva Aida Rodríguez, de Comunidad Ciudadana (CC), iniciarán procesos penales de la mano de la Defensoría del Pueblo, por el delito de violencia y acoso político contemplado en la ley 243, tras sufrir agresiones verbales y físicas por parte de dirigentes y comunarios de Viloma Cala Cala, Sauce Rancho y Parotani.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió al Ministerio Público a iniciar un proceso penal de oficio, por el delito de violencia y acoso político.
Forzadas a renunciar
Ayer, en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba, ambas concejalas fueron retenidas en el Concejo edil por más de 10 horas, informó Unitel. En medio de agresiones verbales y físicas, fueron violentamente forzadas a firmar peticiones de renuncia, durante un acto público en oficinas del Concejo edil.
Dichas solicitudes, redactadas por los comunarios y autoridades de las comunidades señaladas, pedían “licencia de tiempo fijo” desde el 11 de enero del presente hasta el 3 de mayo de 2026, que es prácticamente el tiempo restante de la gestión de las concejalas.
Agresiones
documentadas
Las agresiones fueron documentadas y difundidas por redes sociales. En el metraje difundido, puede observarse que ambas mujeres son empujadas y agredidas físicamente, mientras la multitud las obliga forzosamente a firmar los documentos.
“Hemos sido obligadas a firmar en contra de nuestra voluntad. Quizás estos (documentos) han representado nuestras renuncias”, declaró Rodríguez, quien identificó a los responsables de la protesta.
Por su parte, la concejala Beltrán denunció haber sido víctima de lesiones y se evidenció que presenta hematomas en varias partes del cuerpo. “Me han jaloneado, tenemos los vídeos”, indicó a la prensa.
Todavía son
concejalas
Pese a haber firmado los pedidos bajo la presión y las agresiones, las dos mujeres declararon que aún permanecen siendo autoridades del municipio de Sipe Sipe, y su cargo no concluirá hasta que el Concejo acepte la legalidad de los documentos.
“Mientras tanto nosotras seguimos siendo autoridades, mientras no se aprueben estas notas”, expresó una de ellas.
Acciones de la
Defensoría
Tan pronto se reportaron los incidentes, la Defensoría informó que se veló por precautelar la integridad de las dos mujeres concejalas. “Se les brindó atención médica inmediata”.
Por otra parte, Callisaya explicó que ya se tomó contacto con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) para ponerla al tanto de lo ocurrido. El Defensor consideró que el hecho no debe quedar en la impunidad.
Luego de su evacuación del lugar, se realizó una reunión entre las concejalas y estas instancias, para coordinar sus acciones penales siguientes. La Defensoría declaró que se haría el acompañamiento del caso en el Ministerio Público.
Retirada en camilla
Luego de que un grupo de policías llegara hasta el lugar, las concejalas pudieron ser rescatadas y evacuadas del lugar.
Pese a la participación de efectivos del orden, Beltrán tuvo que ser evacuada en camilla tras haber sufrido una descompensación.
La multitud habría ingresado de manera inesperada y violenta a inmediaciones del Concejo, lo cual habría ocasionado gran temor en las autoridades y la consecuente descompensación que sufrió una de las concejalas, sostiene la Defensoría.
Ley 243
Según la Acobol existen 14 tipos de acoso y violencia política, entre los cuales, los más comunes son: gestión compartida, discriminación y limitación de funciones.
Otras formas de ejercer violencia política son: presión, ingobernabilidad, afinidad política, acoso sexual, retención de descuentos salariales y represalia por denunciar, señala una infografía en X (Twitter) de la red Erbol.
Por otra parte, la Ley 243/2012 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, establece políticas para prevenir el acoso y la violencia política hacia las mujeres, además de garantizar servicios de atención y protección a quienes sufran este tipo de agresiones.
La semana pasada, luego de casi 12 años de investigación, pudo dictarse una sentencia para los responsables por el asesinato de Juana Quispe, exconcejala de Ancoraimes (La Paz).
La fallecida, de la misma manera, sufrió fuertes presiones de autoridades para que renuncie al cargo, luego de denunciar irregularidades en su municipio. Posteriormente, fue hallada sin vida.
La lucha y trágica muerte de Quispe en 2012 fue el precedente para la ulterior promulgación de la ley 243, anteriormente descrita.