En este agitado tiempo político-partidario, en especial por la pugna entre dos alas del partido que nos gobierna más de un lustro, no por razones ideológicas sino por intereses de poder, están en disputa los seguidores del expresidente Evo Morales y del actual presidente Luis Arce Catacora, en especial por la sigla del partido, debido a la proximidad de elecciones generales en el 2025.
El ex presidente Morales Aima, que gobernó 14 años consecutivos el país, ahora está en una postura opositora, y se queja por las arremetidas del grupo que está en el poder, en especial por resoluciones de algunos órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, y por otras acciones represivas dispuestas por el gobierno, y por los medios de comunicación al servicio del régimen.
Sucede que el gobierno en actual ejercicio del poder político del Estado, es la continuación del régimen populista que instauró el MAS, desde 2006 a la fecha, salvo un interregno del gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez. Las políticas y conducta de gobierno, son la continuación de la primera versión que presidió Morales Aima, sin diferencia, más aún, algunas conductas parecen más contundentes.
El ex presidente construyó una estructura política con base en los llamados movimientos u organizaciones sociales, que se han movido y se mueven sobre la base del prebendalismo, como obsequios de bienes inmuebles, vehículos y recursos económicos para su desenvolvimiento. La cooptación de los órganos del Estado y de todo el aparato administrativo del mismo, implica una constante desinstitucionalización de Estado mismo y la puesta de éste, al servicio exclusivo del régimen.
Lo que más daño ha causado a la vida democrática del país, es la judicialización de la política, tal como la ofreció el señor García Linera en 2006, en una publicación en internet de ese tiempo, de la que tenemos una copia en nuestro poder. Esa política de controlar la política a través del Órgano Judicial, es la que ha causado el problema de la perdida de institucionalidad del aparato de justicia, en la que los jueces dejaron de aplicar la ley, y someten sus actos jurisdiccionales a los intereses del poder político.
Los miembros de la judicatura fueron designados por su afinidad con el gobierno y, para ello, sometieron a los magistrados que cumplían sus labores en la Corte Suprema de Justicia, a procesos amañados, como fue el caso de la entonces magistrada Rosario Canedo y otros. Una vez que se deshicieron de los magistrados y jueces incómodos, designaron a gente que se puso a sus órdenes. La prueba más fehaciente de lo que sostenemos, ha sido la disposición de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, que modificaron por sí mismos la Constitución de 2009, para permitir una reelección más del caudillo populista, con el argumento falaz de que la reelección indefinida era un derecho humano.
El gobierno de Morales Aima, había incumplido el resultado del referendo que convocó el mismo gobierno, para consultar al pueblo si estaba de acuerdo con una reelección más, y éste el 21 de febrero (21F) mayoritariamente dijo ¡NO!, opinión ciudadana que, de acuerdo con lo previsto por la Constitución Política del Estado, tiene carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio. El presidente candidato en 2019, pretendió ser reelegido mediante un escandaloso fraude, que provocó el levantamiento del pueblo y la renuncia y huida de Morales.
Ese mismo Tribunal Constitucional, declaró que el gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez, era constitucional y todas las autoridades elegidas en funciones, debían prorrogar su gestión. Además, los fiscales tomaron conocimiento de las denuncias por supuestos delitos de los gobernantes caídos
Tal Tribunal Constitucional, al filo de concluir con su competencia y jurisdicción, por el tiempo concluido de sus funciones, como señala la Constitución Política, ha determinado prorrogar las funciones de todos los miembros de los tribunales jurisdiccionales, en los altos niveles de la judicatura, es decir de los “magistrados”. Declaró que la reelección anticonstitucional, no es un derecho humano y dejó sin efecto las determinaciones de la Cámara de Senadores, que en rebeldía sesionó durante el receso asambleístico.
El Tribunal Electoral Plurinacional, anuló las resoluciones del congreso del partido oficialista (MAS), que ratificó a Evo Morales como cabeza de esa organización política y lo había designado candidato para las elecciones generales de 2025.
Los dirigentes de algunas organizaciones sociales y algunos asambleístas oficialistas que apoyaban militantemente a Morales Aima, ahora hacen duras declaraciones contra el que fue jefe de su partido y presidente durante 14 años del país. Ahora apoyan al que ejerce el poder y combaten al que pretende volver al mismo.
Los comentarios, críticas y quejas del ex presidente Morales contra el actual gobierno, por actos de poder que le afectan, no son sino los mismos que durante su largo gobierno fueron empleados, pues el actual gobierno no se ha apartado ni un milímetro del modelo de régimen que implantó Evo Morales.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.