Los recientes eventos en Sipe Sipe, donde dos concejalas fueron retenidas y sometidas a violencia, forzándolas a solicitar licencia y casi renunciar a sus cargos, son un espejo de la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático y jurídico. Según las informaciones y los videos de los hechos proporcionados por los medios de prensa, la coerción y la intimidación han manchado la integridad del proceso político en este caso, sustituyendo el diálogo y el respeto por tácticas que recuerdan las más oscuras épocas de autoritarismo.
El peso de los sucesos recientes trasciende el agravio particular infligido a las ediles perjudicadas; avivando un ánimo de incertidumbre alarmante en cuanto a la protección y la integridad de aquellos investidos por la confianza popular. Tal incidente transgrede el ámbito meramente personal para erigirse como un asalto frontal contra el tejido de nuestra democracia representativa y contra el imperio de la ley, cuyo valor consideramos inestimable y fundamental para la sustentación de nuestra sociedad.
La violencia política —un fenómeno desgraciadamente persistente en varias partes del país— es, según la normativa jurídica nacional e internacional, un delito que socava las bases de cualquier democracia. La Constitución Política del Estado y la Ley N°243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia, son normas explícitas en reconocer derechos y condenar actos que impidan o limiten el ejercicio de los derechos políticos, pero este llamado a la justicia va más allá de géneros y partidos. Es un imperativo categórico que protege la función misma de representación popular.
Al margen de la afiliación política de las concejalas, ningún servidor público debería ser sujeto de violencia o coacción que interfiera con sus deberes legislados. Tales actos no solo son reprochables, sino que constituyen un delito que exige respuesta inmediata y acciones correctivas por parte de las autoridades competentes.
Los defensores de la justicia y el estado de derecho, deberían instar a una investigación exhaustiva que haga rendir cuentas a los responsables de estos actos vergonzosos. Esta no es simplemente una cuestión de sancionar a los culpables, sino de fortalecer las instituciones democráticas contra la infiltración de prácticas que las deshonran y debilitan. Asimismo, se debe hacer un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a monitorear lo sucedido, a fin de asegurarse de que son tomadas medidas adecuadas para la protección de los derechos de los servidores públicos y de la integridad del sistema político.
El mensaje debe ser claro: la violencia política es inaceptable en todas sus formas y contará con la oposición más firme por parte de aquellos comprometidos con la justicia y la equidad. Debe haber tolerancia cero ante estos actos, los cuales no solo dañan a los individuos directamente involucrados sino a la democracia misma y a la confianza del pueblo en sus instituciones.
Es momento para que el Estado demuestre el rechazo a estos abusos y educar a favor de la tolerancia y participación política pacífica asegurando que nuestra estructura jurídica y democrática salga fortalecida ante este indignante suceso. La democracia de Sipe Sipe y de nuestro país merece y debe demandar, un mejor trato a sus electos representantes.
El autor es Abogado, Master en Derecho Constitucional.