El asambleísta nacional por la agrupación Creemos, Walthy Egüez, señaló que los magistrados prorrogados del Órgano Judicial están empezando a pagar las consecuencias de haber pisoteado la Constitución Política del Estado (CPE) al estar usurpando funciones y burlar las demandas de la población boliviana.
“Empiezan a transitar su calvario por desconocer la Constitución, por eso no quieren tocar los temas reales que el país necesita conocer y resolver en esta Cámara de Diputados para que no haya convulsión social”, declaró Egüez.
De esta forma, puso de manifiesto que la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados ha demostrado estar dispuesta a instaurar un juicio de responsabilidades contra las actuales cabezas de la justicia por haberse prestado a los intereses del Gobierno.
En este sentido, encaró al presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, por haber determinado suspender las sesiones de la pasada semana y del jueves18 de enero, todo por cálculos políticos.
Esta semana, luego de confirmarse la renuncia de las magistradas del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros y Ángela Sánchez, quienes argumentaron haber concluido su mandato de seis años en el cargo, establecido por la Constitución, Asambleístas de oposición señalaron que con estos nuevos alejamientos se agrava la crisis institucional al interior del Órgano Judicial.
En su carta de renuncia, Terceros argumentó que hasta el pasado 2 de enero concluyó su tiempo de funciones en el cargo y aclaró que a partir de esa fecha no participó en ninguna actividad jurisdiccional ni administrativa.
Por su parte, Sánchez, consideró que la Declaración Constitucional 0049/2023 tiene como finalidad garantizar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso ante una situación no prevista.
Asimismo, indicó que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de un Órgano del Estado que se ve amenazado en sus funciones propias por falta de autoridades electas para una transición.
Al respecto, el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC en la Cámara Baja, responsabilizó al Ejecutivo por la actual crisis institucional en el Órgano Judicial. “La auto prórroga inconstitucional sigue con grietas, algunos se niegan a seguir sirviendo al masismo autoritario, otros prefieren seguir usurpando funciones, el Presidente Arce y su gobierno los principales responsables de la crisis institucional”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado Carlos Alarcón, aseguró que las argumentaciones que hacen referencia a la conclusión de funciones son importantes, pues desconocen la ilegal prórroga dispuesta por el TCP mediante Declaración Constitucional.
“Se menciona conclusión de funciones no dice renuncia. Esto es muy importante porque no reconoce los efectos antijurídicos y delincuenciales de la Declaración 049”, expresó.
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