Juicios abreviados, una forma de tortura y guillotina de DDHH

Luego de inculparse el dirigente cocalero, César Apaza, mediante un juicio abreviado que le permitió salir de la cárcel de San Pedro después de un año y cuatro meses, juristas expertos advierten que dicho mecanismo es una forma de tortura política y una guillotina de derechos humanos.
“El abreviado es la guillotina a todos los derechos y garantías a la defensa y la protección de la integridad y la dignidad. Es la elección obligada a cambio de la vida”, comentó la abogada y periodista, Gabriela Ichaso.
En su criterio, el juicio abreviado es la única posibilidad hacia la libertad cuando un imputado es encarcelado sin sentencia condenatoria ejecutoriada y sin presunción de inocencia.
COCALEROS
Aparte de Apaza, otros cocaleros que decidieron acogerse a la figura del juicio abreviado fueron Freddy Machicado, Gonzalo Lupaca, Omar Pino, Porfirio Rivero, y Raúl Uría, quien también denunció ser presionado a admitir culpa a cambio de su libertad.
Apaza, durante su encierro, sufrió una embolia que paralizó la mitad de su cuerpo, dejándolo en estado de salud crítico.
El jueves a las 19:22, mientras dejaba el penal de San Pedro, el dirigente cocalero era cargado en brazos, claramente enfermo y sin poder caminar por su cuenta, mientras el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, mencionaba que su salud había mejorado los últimos meses dentro del recinto.
SOLEDAD Y MISERIA
Por su parte, el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, opinó que “existe un patrón ejecutado por el Gobierno en contra de los perseguidos políticos: primero son detenidos de manera violenta, luego sometidos a procesos arbitrarios y abusivos”.
El colegiado agregó que, en tal situación de “soledad y miseria”, son obligados a comprar su libertad a través del proceso abreviado.
“Esta medida se ha convertido en una forma de tortura. Ante la humillación e injusticia vivida, la víctima lo acepta para recuperar su libertad y dignidad”, manifestó.
Respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su rechazo por otorgar medidas cautelares a Apaza, Albarracín denunció que esta institución tiene “una cuota de responsabilidad ante la falta de acción por las torturas cometidas contra el cocalero”.
La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, comentó que en Bolivia se han normalizado estas prácticas durante la era del Movimiento al Socialismo (MAS), y que son propias de “dictaduras brutales y oscuras”.
“La autoinculpación a punta de tortura prolongada y otras formas de violencia estatal, incluyendo la falta de esperanza de que se haga justicia”, señaló la legisladora como ejemplos de estas prácticas.
Además, la senadora de Creemos, Centa Rek, calificó de “dictadura cavernícola” a la situación judicial que atraviesa Bolivia, y acusó a la CIDH de actuar en complicidad con el Gobierno.
“La CIDH le está dando al Gobierno boliviano la posibilidad de consolidarse como una dictadura cavernícola, como una de las peores dictaduras de Latinoamérica porque tienen la aquiescencia de que no se permitan las medidas cautelares”, denunció.