El contrabando tiene un impacto negativo en la economía. El país deja de percibir importantes ingresos fiscales por los impuestos no pagados, lo cual afecta el presupuesto estatal y limita la inversión en infraestructura y programas sociales.
Existen diversas causas que contribuyen al contrabando en Bolivia. Una de ellas es la diferencia de precios entre los productos en Bolivia y en los países vecinos. Muchos productos son más baratos en países vecinos como Brasil, Chile y Perú, lo que motiva a las personas a comprarlos de contrabando y venderlos en Bolivia con un precio más alto.
Otra causa es la falta de control y vigilancia en las fronteras. Bolivia comparte fronteras con varios países, lo que facilita el contrabando de mercancías. Además, los altos niveles de pobreza en algunas zonas fronterizas también contribuyen al problema.
Es por eso, que las Cámaras de Comercio e Industria de cuatro países sudamericanos esperan una gestión conjunta con sus gobiernos para encarar, en forma coordinada, acciones de lucha contra el contrabando, ilícita actividad que lacera las economías y aumenta el riesgo de violencia.
Hace pocos días, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile organizó el “Encuentro de Cámaras de Comercio Sudamericanas: Generando alianzas frente al comercio ilícito”, que tuvo como tema central el análisis de la creciente problemática del comercio ilícito que afecta a toda la región.
En la oportunidad, las Cámaras de Comercio e Industria de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, acordaron hacer un llamado a los gobiernos de la región para reforzar la lucha contra el comercio ilícito que lacera las economías y aumenta el riesgo de violencia en toda la región.
Según Hugo Siles, asesor de la Cámara Nacional de Industrias, el contrabando crece más que la economía nacional. En 2022, este ilícito alcanzó los 3.331 millones de dólares, mientras en el año anterior llegó a 3.064 millones de dólares.
El contrabando perjudica a los productores nacionales, ya que se ven obligados a competir con productos más baratos importados ilegalmente. Esto afecta la capacidad de crecimiento y desarrollo de las industrias nacionales y genera desempleo.
Para Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, “el contrabando definitivamente nos está llevando a una asfixia lenta. Es un cáncer para nuestras industrias”; el golpe al sector privado es tan fuerte que están en riesgo 39.000 industrias y 600.000 empleos en las fábricas, y las obligaciones tributarias evadidas en 2022 equivalen a 930 millones de dólares, recursos que servirían para construir 16 hospitales.
Luis Laredo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, enfatizó que “la lucha contra el contrabando es tarea de todos”.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) hizo un llamado a la conciencia de las familias bolivianas para que en sus compras opten por productos formales y seguros, ante el persistente aumento del contrabando.
La Cainco despliega esfuerzos continuos desde el 2020 para combatir el contrabando, incluyendo la creación del Observatorio Boliviano de Contrabando y Comercio Ilícito. Pese a todo, la amenaza persiste y crece, afectando a diversos sectores de la economía.
Según estudios del Centro Boliviano de Economía (Cebec), el contrabando abarca una amplia gama de productos, desde alimentos como arroz y harina hasta artículos electrónicos, electrodomésticos, medicamentos y vehículos, por citar solo algunos, impactando negativamente en el tejido empresarial formal y la salud de la población.
Al finalizar la gestión pasada, la Aduana Nacional informó que los comisos de mercadería ilegal llegaron a 693,4 millones de bolivianos, fruto de más de 16 mil operativos contra el contrabando en todo el país.
El Gobierno ha instrumentado medidas para combatir el contrabando, como aumentar la presencia militar en las fronteras, fortalecer el control aduanero y mejorar la cooperación regional. Sin embargo, el contrabando sigue siendo un desafío y se requiere un enfoque legal integral para combatirlo, que incluya medidas de desarrollo económico y social en las zonas fronterizas, así como una mayor cooperación internacional.
Fueron muchas las variaciones de los montos de sanción. La Ley N°2492 de 2003 establecía que sobre las 10 mil UFV, un contrabandista podía ser procesado por la vía penal, pero en 2009 se fijó las 200 mil UFV. Un par de años después, el 4 de abril de 2011, la Ley N°100 volvió a bajar el monto a las 50 mil UFV.
Sin embargo, desde el 2012 hasta el presente, sólo se puede perseguir por delito aduanero a quien haga internaciones al país por un valor superior a las 200 mil UFV.
Por ese motivo, los empresarios bolivianos esperamos que las normas legales necesarias sean aprobadas para considerar contrabando toda internación de mercaderías a partir de las 50 mil UFV (123 mil bolivianos).
El autor es Economista, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.