Hacinamiento en cárceles debilita la salud de privados de libertad

La “degeneración” de la detención preventiva debilita la atención de salud y otros servicios para los privados de libertad, lo cual deviene en hechos de tortura y maltrato en los centros penitenciarios de Bolivia, afirmó ayer el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Esta figura legal se estaría convirtiendo en un instrumento de sanción previa, provocando así mala calidad en la salud y otros servicios para los privados de libertad, lo cual se traduce en formas de tortura y malos tratos, advirtió la Defensoría del Pueblo.
“El uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo punitivo previo está atentando la dignidad del ser humano. El hacinamiento provoca debilidad en la atención de los servicios en los centros penitenciarios”, mencionó Callisaya durante un acto de su institución.
También añadió que la sobrepoblación carcelaria deriva en la merma de la dignidad de los privados de libertad, generando situaciones que pueden “figurar” como hechos de tortura, malos tratos o tratos degradantes.
VISITAS
Por otra parte, el Defensor del Pueblo recordó que en 2022 se realizaron 270 visitas a centros penitenciarios, mientras que en 2023 la cifra fue de 260, en el marco de las actividades propuestas de su proyecto Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
A partir de las observaciones, se alertó que un “común denominador” en las cárceles bolivianas es “el uso desmesurado de la detención preventiva como mecanismo ya no procesal, sino como mecanismo punitivo previo, que está atentando contra la dignidad del ser humano”.
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