Procesos contra diputados vulneran CPE

Legisladores de organizaciones políticas opositoras, luego de confirmarse el inicio de procesos penales en contra de legisladores nacionales, tramitados por el Gobierno, a través de instancias estatales, señalan que estas acciones son contrarias a la protección parlamentaria que establece el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (CPE), y tienen como finalidad anular la atribución de fiscalización y denuncia de los parlamentarios.
En los últimos días, se conoció sobre el inicio de procesos contra dos asambleístas nacionales por la vía ordinaria, tras haber sido denunciados a causa de sus labores de fiscalización.
La diputada por Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, informó que se inició un proceso en su contra por los delitos de calumnias e injurias, a denuncia de la directora regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dayana Maldonado, luego de haber denunciado supuestos hechos de corrupción e irregularidades en la administración del aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de Tarija.
Esta semana, el juez Carlos Alberto Moreira, del Juzgado 15° de Sentencia Penal, dispuso procesar por la vía penal al diputado de Creemos, Erwin Bazán, por los mismos delitos, a denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Según el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, “Los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, no podrán ser procesados penalmente”.
Desde las bancadas de CC y Creemos, se emitieron pronunciamientos en los que se rechaza y denuncia una vulneración a las disposiciones de la Carta Magna, en relación con la inmunidad parlamentaria y el rol fiscalizador con el que cuentan los asambleístas nacionales; afirmó además que, desde el Gobierno, se estaría ejecutando un plan de persecución política contra parlamentarios de oposición, con la finalidad de proscribir sus facultades fiscalizadoras.
Al respecto, el diputado Pablo Arízaga, de Comunidad Ciudadana, lamentó que estas acciones sean parte de una persecución política por parte de funcionarios de Gobierno.
En el caso de la diputada Campero, Arízaga reprochó que la denuncia provenga de una “empoderada” servidora pública que se sintió afectada a causa de las denuncias `por supuestos actos de corrupción.
“El Código Penal establece que cuando se trata de funcionarios públicos, se tiene la excepción de la verdad, y esto se determina previa investigación, no como pretende la ‘empoderada’, primero sentenciar a mi colega sin haber realizado la investigación de lo denunciado”, explicó.
Similares criterios fueron expresados por el diputado paceño, José Ormachea, quien además advirtió que el Gobierno busca instaurar un régimen dictatorial en el que se desconoce la vigencia de la Constitución y las atribuciones fiscalizadoras de los parlamentarios.
“La justicia azul se está persiguiendo a dos diputados opositores, Luciana Campero y Erwin Bazán, violando el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, misma que les garantiza inviolabilidad. No nos van a amedrentar”, adelantó Ormachea.
Desde la agrupación Creemos, se señaló que las recientes determinación judiciales vulneran la protección parlamentaria que señala la CPE, a fin de anular la atribución de fiscalización y denuncia de los parlamentarios.
“Con este proceso lo que ahora hacen es cercenar las prerrogativas que tenemos los parlamentarios del país para fiscalizar y denunciar al gobierno de turno. No se trata de un privilegio, es una garantía constitucional para que los ciudadanos bolivianos puedan tener representantes a quienes el poder político de turno no los persiga por fiscalizar o denunciar actos ilícitos cometidos por el poder político de turno”, puntualizó el diputado Erwin Bazán.
Sostuvo además que estos procesos se ejecutan con la ayuda de administradores de justicia, cómplices del Gobierno, dentro de un “sistema judicial putrefacto”.