Los denominados “acuerdos de gestión compartida” entre autoridades titulares y suplentes son ilegales debido a que afectan a mujeres del sector político y serán incluidos en la ley 243 para ser sancionados en un futuro, afirman Nadia Cruz y Josefina Velásquez, autoridades invitadas a una entrevista de Sumando Voces.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, y la presidenta de la Asociación de Concejalas (Acobol), Josefina Velásquez, aseguraron que se trabajará para que la Ley 243 contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, sancione los abusos de la “gestión compartida” y contemple éstas como figuras legales de violencia política.
Estas afirmaciones emergieron tras declaraciones de Cruz y Velásquez en un programa de Sumando Voces, en la que se difundieron, además, los datos de un estudio de la Defensoría indica que estos acuerdos afectan más que todo a las mujeres.
Los acuerdos de gestión compartida rigen en concejos municipales y asambleas departamentales en las que autoridades titulares son comprometidas, en contra de su voluntad, a entregar el cargo a sus suplentes el medio de su gestión”, informó el portal.
ESTUDIO
Según el estudio de la Defensoría del Pueblo, de 78 autoridades que afirmaron tener estos acuerdos, 65 la hicieron con la suplencia de un concejal, lo que equivale al 83%.
La semana pasada, dos concejalas fueron obligadas a renunciar a sus cargos en Sipe Sipe, denunciando acuerdos de gestión compartida con sus suplentes.
“Estos acuerdos son ilegales, son considerados como faltas graves”, expresó la viceministra, quien lamentó que no existe una prohibición expresa en la Ley 243. En este sentido, señala que planteará una modificación para que esta figura tenga sanciones.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habría aducido que estos acuerdos eran “prácticas culturales” de pueblos indígenas.
De acuerdo con Cruz, “lastimosamente, con los años eso ha ido generando una distorsión y se ha podido verificar que no era una práctica cultural, sino que era una forma de dar legalidad a acortamientos de mandato”.
De esta forma, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció que los acuerdos son “faltas graves” en 2021.
PERÍODO
Velásquez aseguró que la Constitución dicta un período de funciones de cinco años y una autoridad solo puede ser reemplazada con una sentencia ejecutoriada o tras su muerte. Ella considera que éste es el tema clave.
“Hay un rechazo frente a esta situación puesto que al ser elegidas por cinco años, estamos cumpliendo con lo que es nuestro mandato”, indicó la presidenta de Acobol, quien además sostiene que entregar su curul al suplente significa “engañar al electorado”.
Velásquez, también informó que la Acobol recibió 44 denuncias de concejalas por gestión compartida. Entre las denuncias de acoso y violencia política, los mecanismos de presión más comúnmente tipificados son limitación de funciones, ingobernabilidad, conflicto de atribuciones, seguidas de discriminación, retención de salarios, descuentos arbitrarios, presiones para renunciar, divulgación de información falsa, negativa para que mujeres conformen directivas.
Pese a ello, la exdefensora del Pueblo destacó que actualmente hay mejor reacción que hace 11 años, cuando fue asesinada la exconcejala de Ancoraimes, Juana Quispe.
Como evidencia, señaló lo ocurrido en Sipe Sipe, pues a diferencia del caso de Quispe, esta vez se activaron los mecanismos de protección de seguridad de las concejalas acosadas.
Respecto al cambio de la ley 243, Cruz dijo que es una recomendación vinculante en la que se empezó a trabajar.
Un cambio previsto es buscar introducir la gestión compartida, como práctica ilegal y una respuesta a la sanción de impunidad que existe sobre la violencia y el acoso político, aunque señaló que es probable que se establezca un procedimiento especial para estos casos, más allá de la Ley 243.
La mencionada sanción de impunidad está también en datos fríos, según las autoridades. La Defensoría del Pueblo registró 600 casos de acoso y violencia política entre 2018 y 2023.
Sin embargo, en 11 años de vigencia de la Ley, y de estos 600 casos, sólo se pudieron emitir cuatro sentencias. Las autoridades invitadas admitieron que aún falta mucho camino por recorrer. (EL DIARIO y Sumando Voces)