La Constitución Política del Estado define en el Art.15.II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”, el gobierno hace caso omiso y las mujeres siguen sufriendo por VIOLENCIA, incluso pierden la vida en manos de machistas que salen de la cárcel para seguir matando.
Como una forma de exigir que se cumpla la Norma Suprema, fundamos “El observatorio para la exigibilidad de los Derechos de las mujeres” en 2009, con más de 60 mujeres de organizaciones de la sociedad civil y activistas, para exigir la aplicación de los 26 artículos establecidos en la Constitución Política del Estado y transversalizados en todo el texto constitucional.
El Observatorio tomó conocimiento de que la concejala Juana Quispe era acosada con extrema violencia por el alcalde de Ancoraimes, entonces Félix Huanca, de filiación masista. En el año 2012, cuando Juana cumplía su trabajo de fiscalización, Huanca no dejaba que se fiscalice su gestión edil, ya que a ella no le permitían ingresar a las reuniones de los concejales. Los afines al Alcalde la insultaban, con palos la acosaban y presionaron hasta lograr la renuncia de Juana Quispe. Ante esta vulneración a su derecho al trabajo, ella impulsó un Amparo Constitucional, que ganó para que le permitan trabajar, sin embargo, los concejales incumplieron esa sentencia. Por ello Juana los demandó penalmente, por “desobediencia a órdenes del amparo”, lo que provocó amenazas de muerte por parte del Alcalde y el Presidente del Concejo.
El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, Juana aceptó la invitación para asistir a una movilización en La Paz, a la que también asistieron Félix Huanca y los concejales, con los que almorzó. No se supo más de ella hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue hallado cerca del río Orkojahuira, con señales de estrangulamiento.
Después de la muerte de Juana Quispe, el “Observatorio Para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres” realizó contactos con la familia de Juana y con la abogada Valquiria Lira, a quien se le reconoce por su labor desinteresada, ya que no pidió pago por sus servicios a la familia. Incluso se realizó el “Tribunal de la Mujer contra la Impunidad”, con participación de expertas en el tema de violencia contra la Mujer y afiliadas al Observatorio, en el que se analizó todas las acciones del cuaderno de investigaciones y como conclusión se determinó que no fueron tomadas en cuenta las pruebas presentadas por la familia.
En la audiencia conclusiva, en el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz se determinó aplicar, por asesinato, la pena máxima de 30 años de cárcel para Félix Huanca, ex Alcalde de Ancoraimes, y a Pastor Cutili, ex concejal, a ser recluidos en el Penal de San Pedro. A la exconcejala Basilia Ramos le dieron 15 años en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, a Exalta Arismendi 2 años de reclusión por encubrimiento, por lo que se prevé que se le imponga “el perdón judicial”.
El caso de Juana Quispe impulsó la promulgación de la Ley 243 “Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres”, pero tuvieron que pasar 11 años para que el masista Félix Huanca reciba su castigo, ante pruebas contundentes que ya no se las podía desvirtuar.
Ahora que los “masistrados” prorrogados están cometiendo delito por usurpación de funciones, porque no cuentan con una ley que les permita seguir en funciones, es urgente realizar auditorías a magistrados, jueces y fiscales departamentales, porque esa es la ruta de corrupción para extorsionar a las y los litigantes que acuden al sistema judicial para lograr JUSTICIA. Esa es la cadena interminable de cobros de dinero a familias de las víctimas que, por falta de recursos o cansancio por las constantes postergaciones de audiencias, tienen que soportar que los tribunales hagan durar los procesos por años, como ocurrió con el caso de la concejala Juana Quispe.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.