La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) experta en independencia de magistrados y juristas, Margaret Satterthwaite, expresó ayer que el retraso en la elección de máximas autoridades judiciales en Bolivia es “preocupante” y puede afectar la independencia e imparcialidad de la justicia.
“Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido», fue la conclusión de la experta al observar el empantanamiento de las elecciones judiciales en Bolivia.
Margaret Satterthwaite es relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU que efectuó estas observaciones, que fueron reproducidas en una nota de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Recomendó además que realizar las elecciones judiciales es un elemento crucial para “garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia”.
En este sentido, Satterthwaite insistió en que el proceso sea transparente, participativo e integral, y que seleccione a precandidatos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para avanzar en este tema.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió extender las funciones de autoridades del Órgano Judicial excepcionalmente mediante la sentencia 0049/2023. Dicho proceso recibió la denominación de “autoprórroga” y fue rechazado por sectores afines al expresidente Evo Morales, quien gobernó el país por 14 años consecutivos.
La relatora concluyó con que “el derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial”. En Bolivia, sostuvo, la Constitución requiere que los candidatos elegidos sean calificados y hayan sido examinados en la ALP.
“La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad en el proceso”, sugirió en sus observaciones.
La semana pasada, el expresidente del Estado y jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert, envió una carta a Naciones Unidas pidiendo un pronunciamiento sobre las supuestas acciones inconstitucionales del TCP, con el objetivo de sentar un precedente a nivel internacional sobre el estado de la justicia en Bolivia desde principios de año.
DIÁLOGO
El ministro de Justicia, Iván Lima, con relación al comunicado de la ONU informó que se prepara un “gran diálogo nacional” con miras a destrabar el conflicto que hay en torno al Órgano Judicial y que ha generado diferentes movilizaciones en el país.
El Ministro de Justicia hizo un llamado a los asambleístas evistas y de oposición, a quienes dijo que son parte de un acuerdo entre Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho.
En criterio de Lima, en este gran diálogo se debe garantizar una preselección de candidatos judiciales y unas elecciones limpias y transparentes.
Afirmó que él ve actualmente, en el proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales, acciones encaminadas a “cuotearse” el Órgano Judicial.
Señaló que se busca “el cuoteo” en el proyecto de ley de elecciones judiciales con acciones como la suspensión de las entrevistas a candidatos judiciales y los exámenes, y al planteamiento de que éstos sean elegidos “en plancha” y no en forma individual. (Agencias)