Durante las últimas semanas el país ha presenciado sendas conferencias de prensa realizadas por el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, dando cuenta de los resultados de su duro enfrentamiento con las fuerzas de la mafia organizada del narcotráfico. Batallas de las que siempre, dice, salir airoso triunfador, porque ha afectado el patrimonio del ilícito negocio en cuantiosas cantidades de droga, dinero en efectivo y otros.
Días atrás, el Ministro de Gobierno nos puso al tanto de los resultados obtenidos en las acciones antidroga realizadas durante el 2023. Nos sorprendió con el registro de 766 laboratorios de cristalización de cocaína destruidos en todo el país, de los cuales el 88% (674.08) se encontraban en el Chapare. El dato numérico no es menor, tratándose de uno de los mayores delitos de orden internacional, como tampoco la ubicación geográfica de éstos laboratorios, por las connotaciones políticas que todos los bolivianos ya conocemos.
Los resultados de, al menos, 10.470 operativos antidroga y la detención de 3.453 personas vinculadas a esta actividad, generan más preguntas que certezas sobre la eficiencia de la guerra contra las drogas en Bolivia y sobre la misma política “antinarco” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que, después de 17 años de tener el poder político, ingresó a rastrillar el Chapare, el trópico de Cochabamba.
De un tiempo a esta parte, más por noticias internacionales, se sabe que, a través de Chile, mediante vínculos con cárteles que operan en Colombia, Perú y otras regiones, desde Bolivia se envía cocaína por toneladas a los mercados oscuros de Europa, Estados Unidos y otras latitudes. Esta realidad es de conocimiento general.
Entonces, surge la duda sobre el objetivo que pueda tener el gobierno pasando por alto la proliferación de plantaciones ilegales de coca, esto podría entenderse como una maniobra para dejar al Chapare y al presidente de las 7 federaciones de coca como simples productores de materia prima para la elaboración de droga. Y así trasladar las fábricas fuera del Chapare y monopolizar el negocio del narcotráfico.
Sólo de esa forma se puede entender la falta de acciones reales del gobierno para eliminar de país la materia prima para la fabricación de cocaína, así como el traslado de fábricas a áreas geográficas casi inaccesibles, su ingreso a parques y zonas forestales protegidas, a las que el Gobierno descuida. Se podría decir que es un cambio de administración del lucrativo negocio.
Con esta misma hipótesis también se explica los alcances del narcotráfico dentro del sistema de administración gubernamental, donde se ven involucradas autoridades nacionales, supuestamente destinadas a luchar contra las drogas y delitos conexos. Por sí sola se explica la presencia de “peces gordos” que se pavonean en el territorio nacional, cual paraíso de impunidad.
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia, pareciera ser una guerra falsa, así se muestra, al menos, desde hace 17 años.
El autor es Diputado Nacional.