Hasta hace más o menos dos años, las primeras fisuras en el Movimiento al Socialismo (MAS) ya eran inocultables a raíz de reiterados pedidos de Evo Morales para que el presidente Arce removiera a tres o cuatro ministros (principalmente al titular en la cartera de Gobierno y un poco después a Iván Lima). Y como contra toda previsión el flamante presidente ignorara las reiteradas demandas del entonces indiscutible jefe del partido en el ejercicio del poder, las diferencias fueron tomando matices de tonos más encendidos, a pesar de que todos los masistas negaban tal posibilidad, con el manido argumento de que, tratándose de una organización política plural, esas desavenencias no solo eran normales, sino edificantes, para la democracia interna.
Como si los bolivianos fuéramos idiotas para no discernir la diferencia de forma en la gestión gubernamental con un conflicto de intereses políticos y ambiciones personales, en que se hizo inevitablemente visible la constitución de dos cabezas en el instrumento que hoy hace aguas en sus dos vertientes: unos en sus desaciertos respecto al tratamiento legislativo de las elecciones judiciales y una pobre gestión en políticas económicas, frente a una oposición dentro del mismo partido, cuyo cuestionado líder, muestra su ambición por volver a gobernar, cuando, por lo menos, desde la mirada moral, está sobradamente descalificado.
Sin embargo, cuando el presidente Arce asumió formalmente la primera magistratura, en el discurso inaugural de su mandato se comprometió a castigar a todos los autores de los hechos de noviembre de 2019, y principalmente a los responsables de los muertos de Senkata y Sacaba, dando por descontado que Jeanine Añez era la culpable. Para entonces, la unidad en el MAS era todavía sólida (de hecho, muchas altas autoridades del Ejecutivo habían sido puestas por Evo Morales). Todos los dirigentes de primera línea, los ministros que permanecieron en sus cargos hasta la renuncia y posterior huida de Evo Morales, exparlamentarios y actuales asambleístas del oficialismo, en coro acusaban al gobierno constitucional de Añez —cuyo desempeño fue cuestionable— de ser autor de las decenas de muertes producidas como consecuencia del levantamiento popular ante el fraude comprobado por la OEA, en las elecciones que acababan de celebrarse. Hoy esa unidad es historia.
Resulta que, no obstante lo anteriormente relacionado, el ministro Iván Lima, uno de los principales actores de la política boliviana en los últimos años y por cuenta del partido de gobierno, a quien Evo Morales lo tiene entre ceja y ceja, recientemente declaró que su exjefe es el responsable de las muertes producidas entonces, no obstante que el 30 de agosto de 2021, en un programa periodístico manifestó no hallar “ninguna responsabilidad” en él. Aquella afirmación, viniendo de una persona comprometida entonces con Evo, la hizo seguramente atendiendo a un conocimiento cabal de los sucesos que como personaje central en el contexto del MAS —no sé si formalmente inscrito, pero cuando menos beneficiario de cargos a los que en otras circunstancias nunca habría accedido— tenía.
Luego, hay obligación de preguntarle al ex correligionario de Evo, como representante del Ejecutivo en el área de la justicia, por qué motivo la expresidenta Añez es acusada de genocida y por qué se pretende inculparla de hechos en los que claramente no tuvo responsabilidad, más aún con un procedimiento que, por la investidura que entonces ostentaba, no le corresponde…
No se puede pasar por alto la corrupción y la ineptitud del gobierno de Añez. La justicia tiene el deber de sancionar a quienes en ese régimen incurrieron en delitos que tienen que ver con daño económico al Estado, beneficios en razón del cargo y otros. Pero no solo por humanidad, sino también porque corresponde en derecho, no se puede, sin riesgo de sufrir consecuencias legales tarde o temprano, condenar a Añez con un insólito procedimiento legal en que el autor de semejantes crímenes ha sido plenamente identificado por quien, durante la comisión de esos ilícitos, era partidario suyo.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.