Se determinó detención preventiva para un privado de libertad que cumple sentencia y el policía que lo custodiaba luego de ser imputados por el supuesto delito de violación de una mujer en el cual el custodio era cómplice del agresor, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
“Luego de conocerse la imputación formal, se tomaron acciones prontas”, indicó. Ayer en horas de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares del privado de libertad, acusado de amenazar de muerte y violar a una mujer en complicidad del policía que lo custodiaba.
El violador, que actualmente cumple una sentencia de 20 años en el penal de Chonchocoro por violar a su hijastra, cumplirá detención preventiva por cinco meses en el mismo recinto tras la nueva imputación, explicó Limpias.
Por su parte, se determinó cinco meses de detención preventiva para el custodio policial en San Pedro, mientras es investigado por el delito de violación sexual en grado de cómplice.
La autoridad afirmó que el policía será investigado y sancionado respectivamente de manera administrativa y por el Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Se dará de baja al efectivo policial una vez comprobada su complicidad en el hecho.
ANTECEDENTES
El recluso de la cárcel de Chonchocoro fue acusado de desviarse de sus salidas judiciales para violar a una mujer de 44 años de edad, en colaboración de su custodio policial.
Los involucrados son el privado de libertad Sabino A. M. de 39 años de edad, y su custodio policial, llamado Bengi C. N. de 48 años.
De acuerdo a los antecedentes, el 31 de enero del año pasado, el acusado salió de Chonchocoro con orden judicial para asistir a terapia psicológica.
Sin embargo, pidió al policía que lo custodiaba permitirle desviarse a un domicilio para supuestamente recoger documentos. Se presume que el recluso contactó a la víctima por redes sociales e ingresó a su domicilio bajo amenazas para vejarla luego de indisponerla con una bebida preparada.
El violador cumple además una sentencia por la violación de su hijastra, por lo que ahora enfrenta un segundo cargo, en tanto que el policía fue imputado en calidad de cooperador.
SANCIONES
“Nos estamos sumando como administración penitenciaria para que se sancione (al policía) no solo por vía administrativa sino por la ley 101. Si se logra comprobar su complicidad, se pedirá la baja definitiva de este efectivo policial”, señaló Limpias.
Régimen Penitenciario también informó que la institución coordina trabajos para mejorar la fiscalización y control de los custodios que deben acompañar a los privados de libertad en sus salidas temporales, con la implementación de funcionarios policiales supervisores.
“Hemos pedido a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y la gestión pasada se han implementado los fiscalizadores y supervisores, que también son policías, para que vayan a los juzgados a ver si los custodios están con los privados de libertad en lugares donde deberían”, expresó.
Respecto a otros posibles implicados y autoridades que serán investigadas, Limpias aseveró que “también se pidió que se sancione al efectivo policial que debía fiscalizar en el penal de Chonchocoro para que rinda por qué no ha controlado este hecho”.
La autoridad expresó que hay responsabilidades en diferentes grados, por lo que se pidió que el gobernador del penal de Chonchocoro también sea llamado a declarar en el marco de las investigaciones del caso.
POLICÍAS PROCESADOS
Se preguntó a Limpias cuántos policías fueron procesados en la última gestión por hechos delictivos. Al respecto, sostuvo que “hemos sobrepasado los 66 efectivos policiales procesados por diferentes hechos a nivel nacional”.
Asimismo, recalcó que cumplieron estas acciones “siendo fieles a lo instruido por el hermano ministro Eduardo Del Castillo de no callar y no tapar estos hechos”.
“Creo que es la gestión donde más efectivos policiales hemos mandado a sancionar por diferentes hechos que se han dado”, señaló.
Respecto al paradero del principal acusado, el Régimen Penitenciario pidió que sea trasladado a otro penal de máxima seguridad, aunque actualmente están a la espera de la decisión del juez cautelar.
“Estamos esperando a que cautele el juez, pese a que pedimos que se lo traslade a otro centro. Nosotros tomamos la decisión administrativa de alejar al privado de libertad a otro centro de máxima seguridad que tenemos en el país”, finalizó.