En el mundo sólo existen dos sistemas básicos de pensiones: (1) el de capitalización individual que sólo les sirve a los banqueros, empresarios y al gobierno de turno, pues actualmente el promedio de las pensiones alcanza a Bs. 2.600 o (2) el sistema de reparto que, hasta el presente en Bolivia y con menor cantidad de cotizaciones alcanza al promedio de Bs. 3.700.
En la ley 1.732, promulgada por Sánchez de Lozada, se implementó la capitalización individual. Se hizo creer que la capitalización individual era la solución a los problemas de jubilación a finales de la década de los 90 del siglo pasado, hoy sabemos que ahorrando 20 o 30 años obtenemos entre el 22 y el 33% respecto del referente salarial, es decir, la ley de Goni terminó siendo una estafa.
El gobierno del MAS a través de la Ley 065 restituyó el régimen de reparto, sólo de manera marginal y creando el Fondo Solidario, pero sin quitarles el dinero de nuestros ahorros de toda la vida ni a los banqueros y menos al propio Estado. Por el contrario, lo que hizo es incrementar nuestro aporte obligatorio en 05% de forma universal y porcentajes mayores a los trabajadores que ganan más de Bs. 13.000, extrajo 20% de las primas de riesgo que también aportamos junto al empleador. Además, incluyó un aporte patronal general adicional de 3% sobre la planilla de las empresas públicas y privadas, estableciendo así un régimen bipartito entre trabajador y empleador, pero nada de aporte estatal. Es decir, con los aportes incrementados de los propios trabajadores construyó un régimen “solidario” de reparto que en la actualidad se aplica y va de 640 a 4.200 bolivianos.
En junio del año pasado el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 065, incrementando los montos de financiamiento del fondo solidario, con esto incrementa las cifras de los límites a 720 bolivianos en el mínimo y 5.200 bolivianos en el máximo (este último monto luego de 35 años de aportes continuos, algo casi imposible de alcanzar para los trabajadores en Bolivia) y ratifican un régimen especial para los jubilados mineros de hasta Bs. 6.000, lo que indudablemente divide a la clase trabajadora.
El 25 de enero, como buenos levanta manos, los asambleístas aprobaron la propuesta del gobierno sin modificación alguna, en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas y lo enviaron con burdas justificaciones a la plenaria para su futuro tratamiento. Sin embargo, los mayores problemas que tiene el proyecto de Ley de pensiones del gobierno son: 1) Los montos fijados se mantienen por varios años, sin tomar en cuenta inflación o devaluaciones (la última modificación fue hace 7 años). 2) 720 bolivianos no alcanzan para vivir un mes y Bs. 5.200 es un monto muy ajustado para alguien que aportó 35 años de su vida laboral. Por tanto, estas cifras nos condenan a envejecer en la pobreza. 3) En su proyecto de ley el gobierno metió de contrabando la obligatoriedad de jubilación a los 65 años, negando el derecho al trabajo y, despojados de todo pudor, señalan que esa obligatoriedad no corre para los politiqueros.
Con datos de la propia Gestora Pública, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) se evidencia, de acuerdo con el estudio matemático actuarial realizado, que es posible más que duplicar el monto mínimo y el monto máximo solidario respecto a lo que ofrece el gobierno, esto desde el punto de vista técnico. Nuestra propuesta consiste en restituir el sistema de reparto (que llegaría a cubrir el 50% de lo que percibe un trabajador en el momento de jubilarse en las condiciones laborales actuales) y un 20% adicional que debería ser financiado por un fondo tripartito (con participación también del Estado y no solo del trabajador y la patronal). Con ello se llegaría al 70% del total ganado por el trabajador, cifra muy superior al 33% que actualmente ofrece el gobierno.
Sin embargo, ni el gobierno ni los banqueros están dispuestos a cambiar el régimen, devolvernos nuestros ahorros y menos dejar de contar con gran cantidad de dinero sin pagar intereses (las rentabilidades de nuestros ahorros llegaron a estar por debajo del 2% y ahora apenas llegan al 4%. En tal situación, con la cifra oficial de inflación (alrededor del 3%) se evidencia que la rentabilidad real es cero o negativa.
No podemos sumarnos a las limosnas que ofrece el gobierno, además, pisoteando nuestro derecho sagrado al trabajo. Su reforma beneficia a una minoría y divide al conjunto de los trabajadores, por el contrario, impulsemos una propuesta sostenible, que beneficie a todos (activos y jubilados) y que permita una pensión digna de vejez, pues todos nos dirigimos a esa condición, por eso, corresponde preocuparnos AHORA y no cuando sea demasiado tarde.
El autor es docente titular de la UMSA e investigador del Régimen de Pensiones en Bolivia.