La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el quebrantamiento del derecho a la protesta pacífica y exhortó a los dirigentes del bloqueo de caminos a respetar los derechos humanos de la ciudadanía, sugiriendo también una pausa solidaria para el paso temporal de pasajeros.
Luego de conocerse que efectivos policiales arrestaron a un grupo de mujeres bloqueadoras en Caracollo, Oruro, por portar dinamita, la Defensoría del Pueblo recalcó la importancia de prevalecer los derechos humanos de “terceros al conflicto”, aunque rechazó los actos policiales por considerarlos un “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza policial”.
La Defensoría del Pueblo “observa con preocupación la evolución de la confrontación en los puntos de bloqueo, lo que quebranta la cualidad del derecho a la protesta pacífica, por tanto se insta nuevamente a los movilizados a ejercer su protesta con respeto a los derechos humanos de los terceros ajenos al conflicto”, se lee en su pronunciamiento.
El Gobierno, por su parte, declaró que el “talento humano” policial actuó en su defensa porque las bloqueadoras portaban dinamita y que ya no existen motivos para continuar con las protestas, debido a que recientemente se instalaron mesas de diálogo convocadas por las bancadas de oficialismo y oposición.
La Defensoría instó a los manifestantes a respetar los derechos humanos de los ciudadanos con especial atención a adultos mayores, personas con discapacidad, niños y otros sectores en vulnerabilidad, sugiriendo una “pausa solidaria” del bloqueo que permita el paso temporal de pasajeros que se encuentran varados por el bloqueo.
PAUSA SOLIDARIA
La Defensoría mencionó también que se tomó contacto con la dirigencia de los bloqueadores para exhortarles a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, evitando cualquier toda forma de confrontación con las fuerzas del orden público.
El lunes 29 de enero se difundieron imágenes en redes sociales en las que un grupo de policías arrastran a algunas mujeres de los brazos y las piernas, presuntamente durante operativos de desbloqueo.
En tal intervención se reportó tres heridos, entre ellos una mujer autoridad indígena de Caracollo que sufrió heridas en el rostro y supuestamente perdió dos dientes producto de la acción policial.
Asimismo, el esposo de la mujer, el “mallku mayor” de la comunidad, sufrió lesiones en la rodilla izquierda y fue visitado por la Defensoría en la clínica San Agustín de Oruro en la que otros heridos también están internados, informó la institución.
Luego del noveno día de medidas de presión, los bloqueadores exigen la renuncia de los magistrados prorrogados y una convocatoria inmediata a elecciones judiciales como condiciones para levantar los bloqueos.
Al respecto, el Gobierno declaró repetidamente que estos bloqueos son movilizados y financiados por actores políticos y sectores afines al expresidente, Evo Morales, que generan un perjuicio económico considerable y que a la fecha son innecesarios debido a los posibles acuerdos entre autoridades legislativas.
Autoridades del Órgano Ejecutivo, como el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, coinciden en que necesariamente existe una movilización financiada porque se hallaron indicios de pago de viáticos, alojamiento, alimentación y otros aspectos necesarios para mantener a las personas en los piquetes de bloqueo.
SIN MOTIVOS
En ese marco, Aguilera reiteró ayer que no existen razones para continuar con las medidas, pues espera que se produzca un acuerdo en las siguientes 24 horas en vista de la instalación de mesas de diálogo para tratar el tema de las judiciales.
También reiteró que los bloqueos tendrían una movilización política debido al hallazgo de evidencias de financiamiento y transporte de personas, además de testimonios que corroboran esta versión; recalcó que “no se tolerará la violencia”.
“No existe razón para continuar el bloqueo. Ya se ha convocado una mesa de diálogo que tiene la intención de convocar a elecciones judiciales”, señaló.
“Efectivamente existe un aporte de ese movimiento en las movilizaciones, (pues) se han encontrado autoridades políticas”, aseveró la autoridad, refiriéndose a las autoridades del Legislativo que púbicamente declararon estar coadyuvando en la movilización de bloqueadores.
Tal es el caso del senador, Leonardo Loza, quien públicamente se mostró llevando víveres y provisiones a los bloqueadores alegando que se debe respetar la Constitución Política del Estado, la cual es “pisoteada” por los magistrados prorrogados y el gobierno de Arce, según la autoridad.