Luego de la promulgación de la Ley 144 para la realización de los comicios judiciales en esta gestión, Asambleístas del oficialismo y oposición adelantaron que el tratamiento y aprobación de créditos internacionales solicitados por el Gobierno, está condicionada a la cesación de funciones de los magistrados que fueron prorrogados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Uno de los puntos del acuerdo alcanzado, el pasado viernes, por la “Comisión Bicamaral Multipartidaria” instalada para destrabar los comicios judiciales, estableció que las normativas contra la prórroga judicial (075 y 073) deberán ser tratadas “por tiempo y materia” después de aprobarse la Ley 144 en la Cámara de Diputados.
“Estamos convencidos que no se puede aceptar ni tolerar que estos usurpadores sigan beneficiándose del Poder Judicial para beneficiar al MAS y al gobierno de Arce”, afirmó el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, tras la referida reunión.
En diciembre de 2023, antes del receso parlamentario, la Cámara de Senadores aprobó tres proyectos de normativa para contrarrestar la prórroga judicial dispuesta por el TCP, con la finalidad de ampliar el mandato de los Magistrados, entre ellas la 073 y 075.
El Proyecto de Ley 073, plantea la suspensión de los plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular. La propuesta proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial.
En cuanto con el Proyecto de Ley 075, este establece el cese de funciones para las actuales cabezas de la justicia, mismas que determinaron su “autoprórroga”, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el argumento de que no se puede dejar sin justicia a la población.
La propuesta deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 049 y dispone la cesación de funciones para Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura a partir del 2 de enero de 2024.
Ambas normativas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su tratamiento y posterior sanción, buscando evitar que se consume la prórroga al mandato de los magistrados más allá de los seis años.
La senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana, aseguró ayer que el alejamiento de los magistrados prorrogados es una condicionante para que se traten otros temas relacionados con la agenda económica del país.
“Si el Gobierno quiere aprobar sus créditos porque lo necesita al no haber dólares en Bolivia y no alcanza para la adquisición de gasolina, lo que debe hacer de una vez es sacar a sus ‘autoprorrogados’ para que de una vez podamos avanzar en temas que hay que tocar porque son importantes”, dijo.
Durante su intervención en la sesión plenaria de la Cámara Alta, el senador cruceño Henry Montero, adelantó que el Gobierno incumplirá el compromiso de sacar a los magistrados de sus cargos como ya se adelantó desde el oficialismo anteriormente. “La comisión de Constitución ya tiene un informe de estos proyectos de ley que es negativo. Los que participaron en la mesa multipartidaria saben que la posición del oficialismo es no incurrir en el incumplimiento de una medida cautelar”, sostuvo.
Descartando cualquier plan para incumplir compromisos previamente acordados, la senadora oficialista Virginia Velasco, señaló que los acuerdos alcanzados la semana pasada por las tres fuerzas políticas deben cumplirse para beneficio del país. “El acuerdo que se ha suscrito entre las tres fuerzas políticas está en aprobar la ley 144 y la 075, seguramente se va a ver en Diputados. Los acuerdos se tienen que cumplir también en el tema de la agenda económica para el tema de inversión, se tiene que aprobar”, señaló la asambleísta.
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, evitó hablar de una fecha para el tratamiento de los Proyectos de Ley 073 y 075, pese a que el acuerdo político que posibilitó la aprobación de una norma para los comicios judiciales indica que deben tratarse por tiempo y materia una vez se apruebe la ahora Ley 144.
“Respecto a los proyectos del ley 073 y 075, los mismos serán tratados por tiempo y materia por la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del proyecto de ley 144 (…)”, señala el punto II del acuerdo suscrito por los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, presidentes de Comisiones y jefes de bancada de las tres fuerzas políticas que conforman la ALP, el pasado viernes.